Política
Raúl Romeva. CT

Ni veinticuatro horas ha tardado el Gobierno en responder al último desafío de Esquerra, en forma de compromiso electoral para el 21-D.

Si este 12 de diciembre de 2017, la número dos de la candidatura de Oriol Junqueras, Marta Rovira, anunció que si su formación gana las elecciones reabrirá las llamadas embajadas catalanas, el Gobierno ha respondido este miércoles anunciando la fecha para su cierre definitivo: el 31 de diciembre de 2017.

De esta forma y gracias a la aplicación del artículo 155, La Moncloa pone fin a uno de los proyectos faraónicos del independentismo y que ha dilapidado millones de euros de las arcas públicas de Cataluña: la red Diplocat levantada por el exconseller Raúl Romeva.

El Gobierno prevé que el proceso de cierre de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, iniciado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, esté terminado antes del 31 de diciembre, según han informado este miércoles fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

De hecho, aunque los 34 trabajadores de las oficinas fueron despedidos a finales de noviembre, en algunos casos la fecha del despido es el 31 de diciembre, porque son ellos encargados de rescindir los contratos de alquileres y suministros y tramitar los cierres físicos de las oficinas.

La semana pasada, durante su comparecencia en el Senado, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, precisó el coste de las llamadas embajadas de la Generalitat en proceso de cierre o ya clausuradas, como la de Estados Unidos, con 1,1 millones de euros, o la de Ginebra, 760.000.

Bermúdez de Castro ofreció estas cifras para rebatir el argumento de que estas delegaciones tenían un bajo coste. A esas dos cifras añadió el coste de Portugal (450.000 euros), Francia (895.000 euro), Alemania (500.000 euros), Italia (738.000), Austria (700.000), Dinamarca (520.000 euros) y Polonia (500.000 euros). El coste de estas nueve embajadas suma 6.163.000 euros.

El secretario de Estado aseguró además que en aplicación del 155 no se ha cerrado ninguna delegación turística, comercial o cultural de Cataluña, sino las circunscritas a la actividad política.

El Gobierno decidió dejar operativa la de Bruselas -aunque cesó a su delegado-, y las primeras que clausuró fueron las netamente políticas: Viena, Ginebra, Roma y Lisboa.