El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declarará este miércoles como imputado en el Tribunal Supremo, bajo la acusación de haber prevaricado durante en la instrucción del caso que se conoce como "las desapariciones del franquismo".

Prevaricar, que no es otra cosa que dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, es uno de los delitos que más pueden empañar la carrera de un magistrado.

Se equivocan quienes presentan la imputación como una oscura venganza por remover las tumbas de la guerra. De lo que se imputa a Garzón hay documentación suficiente, firmada incluso por él mismo, así que el Tribunal Supremo no necesita glosadores espontáneos. Y, tal vez, Garzón tampoco.

La víspera, poco después de conocerse la citación del juez más famoso y polémico del planeta, el PSOE salió de forma contundente en su defensa.

El portavoz parlamentario socialista y ex ministro, José Antonio Alonso, deseó «lo mejor» a Garzón, de quien aseguró que es un «juez decente» cuya trayectoria «hay que poner en valor».

Fue la Sala Penal del Supremo la que, en dos decisiones unánimes, apreció indicios de criminalidad en la conducta de Garzón.

En la admisión de las dos querellas presentadas contra él intervinieron hasta siete magistrados del Supremo, la mitad de la Sala Penal.

La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a indicar que su grupo respeta la decisión del Supremo, como las demás decisiones judiciales, y manifestó que cualquier ciudadano «está sujeto a la ley, debe cumplirla y comparecer» ante los tribunales «en las mismas condiciones de igualdad».

Las dos querellas que han dado lugar al procedimiento abierto a Garzón fueron admitidas a trámite por unanimidad, la primera el 26 de mayo y la segunda el 15 de junio. En total, han intervenido en ese trámite siete magistrados, la mitad de los que integran la Sala Penal del Supremo.

Las querellas acusan a Garzón de haber mantenido abierta la causa sobre las desapariciones del franquismo a sabiendas de que no era competente y de haber imputado graves delitos a militares franquistas a sabiendas de que hacía décadas que habían fallecido, por lo que era imposible declarar su responsabilidad criminal.

La investigación de Garzón «se centró en delitos para los que el Juzgado reconoce carecer de competencia material, salvo por razón de su conexión con otro delito del que se proclama competente, pero que no está vigente ni se investiga (...) y en cuyo ámbito declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación», indicaba el auto de admisión a trámite de la primera querella.

La Sala recordaba que «cuando la muerte es anterior a la condena, y la condena por ello no ha existido, lo que se extingue es la acción penal», por lo que un procedimiento contra personas fallecidas «resulta absolutamente imposible incoarlo».