Han hecho de la ley un chicle. El juez Santiago Pedraz ha procesado a los dos supuestos piratas detenidos por participar en el secuestro del atunero Alakrana por 36 delitos de asociación ilícita y uno de robo con violencia y uso de armas -no les acusa de asociación ilícita porque esto impediría la extradición-, por lo que podrían ser juzgado en dos semanas.

Como adelantó ayer PD, el magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que el pasado sábado solicitó el procesamiento de Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman por los mencionados delitos y no incluyó el de asociación ilícita, de forma que existe la posibilidad de que ambos piratas sean condenados a una pena inferior a los seis años y se les pueda expulsar en aplicación de la Ley de Extranjería.

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumido, había asegurado esta mañana que la Fiscalía aceleraría el proceso contra los dos piratas para que el juicio se celebrara lo antes posible. "La Fiscalía actuará en este caso conforme a derecho. Y lo único que le corresponde es acelerar el proceso para que se celebre el juicio de la forma más rápida posible y, naturalmente, calificarlo siempre y en todo caso conforme a derecho", ha señalado.

El delito de asociación ilícita está castigado con penas que van desde los seis hasta los doce años de cárcel, lo que hacía materialmente imposible la pirueta jurídica planeada por Zapatero, la vicepresidenta De la Vega y el resto del minigabinete de crisis: juzgar a toda prisa a los dos piratas por delitos menores, condenarles a 36 penas menores de dos años y expulsarlos de España, como si fueran inmigrantes sin papeles.