El juez Baltasar Garzón acumula ya tres procesos judiciales.

El último y tercero lo ha ordenado el Tribunal Supremo por las presuntas escuchas ilegales cuando ordenó interceptar las comunicaciones de algunos de los detenidos en el 'caso Gürtel' que estaban en prisión. Algunas de las llamadas grabadas eran conversaciones entre los imputados y sus abogados.

ESCUCHAS ILEGALES

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella por prevaricación del abogado de un empresario imputado en el 'caso Gürtel' contra el juez. Se le acusa de los delitos de prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones.

El abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, imputado en el 'caso Gürtel', sostiene que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".

PREVARICACIÓN Y COHECHO

Esta nueva causa contra el juez se suma a las otras dos que el Supremo ya tiene abiertas: una por prevaricación en relación con las diligencias por las desapariciones del franquismo y otra por prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó para un curso en Nueva York al Banco Santander a cuyos directivos libró luego de una querella.
Escuchas en prisión

Baltasar Garzón dictó una resolución el 19 de febrero -siete días después de la detención de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, principales implicados en la trama 'Gürtel'- en la que acordaba la intervención de las comunicaciones orales y escritas que tuvieran en prisión esas tres personas.

SE JUSTIFICA

El auto del magistrado indicaba que la intervención afectaría también a las comunicaciones de los presos con sus abogados, tanto "los que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos". Garzón justificó esa decisión afirmando que en la trama 'Gürtel' "pueden haber intervenido letrados" y "los mismos, aprovechando su condición, pudiesen actuar como enlace de los tres mencionados con personas en el exterior" de la prisión.

Tras conocerse estas actuaciones, el Consejo General de la Abogacía emitió un duro comunicado en el que afirmaba que esas escuchas "han sido realizadas fuera de la legalidad vigente" y son "un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho" al vulnerar el de defensa.

(Agencias)