El Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), que emitió el certificado esgrimido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para poner en libertad a Rafael Díez Usabiaga, confirmó este miércoles ante el magistrado que la madre del ex secretario general de LAB sólo tiene una cita para principios de junio con un asistente social en la que pretende reclamar a su hijo como cuidador, informaron fuentes jurídicas.
La técnico de la Concejalía de Servicios Sociales, Empleo y Cooperación que firmó el certificado compareció este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para ratificar el escrito en el que acreditaba que la madre de Díez Usabiaga «ha iniciado los trámites para la prestación y cuidados personales relativos a la Ley sobre la Dependencia de Personas Físicas, requiriendo como cuidador a su hijo Rafael», quien hasta la fecha había «venido haciéndose cargo de su madre».
Garzón tomó declaración a la trabajadora municipal antes de decidir si rechaza en reforma el recurso presentado por la Fiscalía contra la puesta en libertad de Díez Usabiaga, trámite previo que ha de resolver antes de remitir el escrito a la Sala de lo Penal, que revisará en apelación la decisión del instructor.
Durante la comparecencia, la responsable municipal aseguró que la madre del ex secretario general de LAB tiene problemas de salud y que ha manifestado su deseo de reclamar a su hijo como cuidador acogiéndose a la Ley de Dependencia.
Díez Usabiaga, que está procesado por integración en organización terrorista al participar en la reconstrucción de Batasuna a través de la plataforma ‘Bateragune’ (Todos Juntos), abandonó la cárcel madrileña de Estremera el pasado 26 de abril tras depositar una fianza de 30.000 euros y al objeto de que pudiera cuidar a su madre.
INFORMACION CADA 15 DIAS
Garzón le impuso como condición recibir cada 15 días «información sobre el desarrollo del cuidado dispensado a su madre», así como la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer dos veces por semana en el juzgado más próximo a su domicilio.
El juez, que adoptó esta decisión en contra del criterio expresado por la Fiscalía, defendía que la situación de prisión debía «suavizarse» por la «circunstancia humanitaria» de «índole personal-familiar» que concurre en el caso de Díez Usabiaga y en atención a «la relación de dependencia que su madre tiene respecto del mismo».
Dos días más tarde, la Fiscalía recurrió su puesta en libertad al considerar que la situación «humanitaria» esgrimida por la defensa del ex secretario general de LAB fue «artificialmente creada con el fin de eludir una medida cautelar necesaria».
DIEZ DETENIDOS
Garzón acordó el 16 de octubre de 2009 el ingreso en prisión de Díez Usabiaga, del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, y de otros tres dirigentes de la izquierda abertzale: Sonia Jacinto, ex tesorera del PCTV; Miren Zabaleta, hija del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, candidata de ASB en 2007 y promotora de una página web (Gaztesarea.net) vinculada a Segi; y Arkaitz Rodríguez, ex responsable de Haika.
Tras los interrogatorios, les impuso una fianza de 10.000 euros a Amaia Esnal, José Manuel Serra y José Luis Moreno Sagües, y dejó en libertad sin cargos al histórico miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Rufi Etxeberria y Ainara Oiz.
Todos fueron detenidos el día 13 en la sede de LAB de San Sebastián, en el marco de una operación policial que tenía como objetivo desarticular la constitución de una nueva Mesa Nacional de Batasuna.
