Las plataformas de apoyo al juez Baltasar Garzón que se han formado en los últimos meses en diferentes puntos del país y el extranjero han anunciado la celebración de «numerosas» movilizaciones tras conocer la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En un comunicado, los colectivos que apoyan la labor del magistrado han mostrado su «más rotundo rechazo» a la decisión tomada por el CGPJ y han asegurado que se trata de una «injusticia, no sólo contra la labor del juez sino contra la democracia y la Justicia española».
Desde Jaén, Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla o Granada ya han comenzado las reuniones para establecer un calendario de protestas y concentraciones en distintos puntos del territorio español, entre ellos, las puertas de la Audiencia Nacional y, semanalmente, en la madrileña Puerta del Sol.
REACCIONES ENTRE LA IZQUIERDA
Para la escritora Almudena Grandes, mujer de García Montero, «hay algo profundamente cruel» no sólo en que el juez Garzón sea suspendido sino también en el hecho de que no le sea permitido trasladarse a La Haya «para poder vivir de una manera más serena y más tranquila todo lo que le está pasando».
El actor Juan Diego Botto ha insistido en el hecho de lo «inocuo» y «blanco» del proceso que abrió Garzón, y que le ha costado el procesamiento por prevaricación. «Hay que abrir fosas para cerrar heridas», ha apuntado.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch ha lamentado la suspensión de un juez que convirtió a España «en un símbolo de justicia para las víctimas de todo el mundo». «Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima en España», ha apuntado el consejero jurídico de la ONG, Reed Brody.
Una de las declaraciones más fuertes la recoge El País:
Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción: «Un golpe similar al 23-F». «Es un día de amargura. Hoy estoy muy triste por Baltasar y por nuestra democracia, que está sufriendo los mayores golpes desde que se instauró. Este es un golpe similar al del 23-F. 35 años después de la muerte del dictador, la extrema derecha ha conquistado una victoria que ha sido posible por un Tribunal Supremo sensible a esa persecución y un Consejo General del Poder Judicial cómplice».