Los hombres condenados por violencia de género podrán sufrir restricciones en el ejercicio de la patria potestad y en el régimen de visitas a sus hijos si se demuestra que el contacto afecta «a la estabilidad y al normal desarrollo» de los mismos.
Así lo declaró este miércoles ante el Pleno del Congreso la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, que apostó por impulsar también medidas cautelares de protección a los menores víctimas de violencia de género, junto a sus madres.
Pajín señaló que su intención es continuar con las recomendaciones del informe aprobado el pasado mes de diciembre por la Subcomisión de Igualdad y desarrollar la norma sobre la guardia y custodia de padres maltratadores, «para que en los casos en que el contacto pueda afectar al normal desarrollo de sus hijos e hijas se limite la patria potestad y el régimen de visitas».
«Es una propuesta que está encima de la mesa», que el Gobierno impulsará y desarrollará siempre teniendo en cuenta las características de cada caso y lo mejor para los menores, agregó.
Pajín respondía así a una interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para proteger a los menores víctimas de violencia de género presentada por la diputada popular Sandra Moneo.
CRÍTICAS DEL PP
Según Moneo, en el PP «no entendemos que a los niños se les nieguen los mismos derechos que sí se conceden a las madres» en la Ley de Violencia de Género, que no contempla a los hijos «como objetos de protección especial».
Asimismo, lamentó que el PSOE se niega a «introducir modificaciones mínimas» para reconocer a los hijos de las mujeres maltratadas como «sujetos individuales, no asociados a sus madres, que por tanto deben ser objetos de protección en sí mismos».
Por eso, insistió en la necesidad de que el Gobierno acepte la iniciativa del PP, e indicó que unos 800.000 menores son testigos de esta violencia y padecerán sus consecuencias en el futuro, como baja autoestima, repetición de comportamientos violentos, estrés, dificultades de aprendizaje o ansiedad.
Además, se refirió a los cuatro niños muertos este año a consecuencia de la violencia de género y criticó la reducción presupuestaria que a su juicio se ha producido en la partida destinada a prestar asistencia a estos menores.
Por su parte, la ministra Pajín señaló que «la lucha contra la violencia de género sigue siendo una prioridad de este Gobierno», y agregó que el gasto dedicado a tal fin (por parte de todos los ministerios) se ha incrementado un 9,8%.
Tampoco es cierto que la inversión en atención a menores vaya a disminuir, prosiguió, y pidió al PP «no hacer un debate partidista» de este tema.
Por último, Pajín insistió en la necesidad de «educar en igualdad» para que los jóvenes se conviertan en «acicates del cambio del modelo social», que al ser discriminatorio hace posible la violencia de género.
En su opinión, «todos los que tenemos la posibilidad de tener un altavoz como es el Congreso de los Diputados tenemos que utilizarlo para sensibilizar», y ello implica «empezar a impedir que ningún representante público pueda hacer alusiones vejatorias a ninguna mujer».
