El presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, disfruta en prisión de un archivo personal en una celda contigua a la suya, tal y como acreditan los documentos gráficos y las notas de la subdirección de la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre.

Un privilegio más ajeno al común de la población reclusa en España, que tampoco cuenta con autorizaciones judiciales para disponer de ordenador portátil las 24 horas del día -dentro y fuera de la cárcel-, pen drive, CD o disco duro externo. Alhaurín de la Torre acoge hoy a más de 1.300 presos, bastantes más de los 835 para los que está concebida (aproximadamente). Fuentes de Interior trasladan a La Gaceta que "lo de Roca se sale de todo lo que hemos visto" y lo califican como "un hecho único".

Dos luces rojas encienden las revelaciones hechas por La Gaceta sobre la insólita situación carcelaria de Juan Antonio Roca, presunto cerebro del caso Malaya. La más inmediata es el privilegio de disponer de concesiones y lujos -que incluyen material informático y dos celdas- lo que supone un agravio comparativo para el resto de los reclusos.

Pero más alarmante aún es el uso que un hombre
que sabe demasiado como él pueda hacer de su archivo personal desde los muros del penal de Alhaurín y la supuesta complicidad de las alturas para comprar su silencio. Ayer publicábamos en exclusiva que Roca "vivía como un marqués" en la cárcel, con un verdadero arsenal informático que incluye ordenador y disco duro. Y todo ello autorizado por el juez.

Hoy revelamos -y mostramos gráficamente- que el cerebro de la Malaya tiene una segunda celda, que alberga su archivo y donde tiene monitorizada su información. ¿Es concebible que en una prisión masificada como la de Alhaurín, un recluso disponga de dos celdas y que una la utilice como su oficina? ¿Y no resulta especialmente escandaloso que ese tratamiento de business class carcelario se dispense a alguien como él, que dispone de dinamita informativo no sólo de Malaya sino también de la vida y milagros de políticos, empresarios, artistas y hasta jueces?

El escándalo es doblemente grave si se repara en la falta de explicaciones concedidas desde instancias oficiales por el trato recibido por Roca, en tanto que los propios funcionarios no han sido informados de los beneficios penitenciarios con que Roca iba a ser agraciado. O si se repara en que sus privilegios se aceleraron cuando un hombre de la confianza de Rubalcaba, Juan Antonio Marín Ríos, se hizo cargo de la prisión de Alhaurín de la Torre.

Teniendo en cuenta que Marín era el escucha de Interior en lo más turbio de la vida carcelaria -terrorismo, crimen organizado, narcotráfico-, y teniendo en cuenta, asimismo, la información acumulada por Roca en sus años como factótum en la Costa del Sol (el juez Torres Segura afirmó que "dirige y controla totalmente las decisiones municipales" de Marbella), el propósito, a todas luces, dista de ser santo.

Juan Antonio Roca y su parafernalia informática pueden poner en un aprieto no sólo a la Junta de Andalucía, sino también al Ministerio del Interior, vía Policía Judicial, a la que presuntamente realizó pagos a través de un comisario oculto bajo las famosas iniciales JAG (como las del supercomisario Juan Antonio González, mano derecha y protegido del ministro Rubalcaba, ¡qué casualidad!).

Por todo ello, se hace insostenible creer en una cadena de casualidades o en la imparcialidad reglamentaria. Menos aún con alguien como Rubalcaba como ministro del Interior. En definitiva, si la información que tiene Roca es sensible, su obligación es contarla y la obligación de la Justicia es forzarle a ello. Si no, el escándalo de sus privilegios seguirá arrojando sombras sobre el funcionamiento de las cloacas del Estado.

La Gaceta cumple con su deber informativo al poner sobre la mesa el escándalo. Y el primer partido de la oposición con el suyo al exigir explicaciones de tan turbio asunto a Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad. ¿Volverá Interior a silbar mirando al tendido, o a tomárselo a chacota, como cuando se le piden cuentas en sede parlamentaria sobre el caso Faisán?

Editorial La Gaceta