El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón de la Frontera (Sevilla) ha fijado para este jueves, a las 10,30 horas, la comparecencia en calidad de imputado del alcalde de dicho municipio, Manuel Morilla (PP). La Fiscalía había reclamado su imputación a cuenta de las diligencias previas incoadas a partir de las acciones judiciales promovidas, por la vía Penal, por los tres funcionarios del Ayuntamiento de Morón sometidos a expedientes disciplinarios por el contenido de su oposición a la recusación promovida en su contra tras haber participado en un Tribunal de Selección.
En una providencia librada por la juez Josefina Oña el 9 de febrero de 2011 y recogida por Europa Press, se convoca nuevamente al alcalde de Morón de la Frontera a comparecer «en calidad de imputado» a las 10,30 horas del jueves de la semana en curso. El pasado 26 de enero, como se recordará, Morilla alegaba motivos de salud para no asistir a la comparecencia a la que le había convocado, también en calidad de imputado, por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón.
Tanto el primer edil, como su primer teniente de alcalde, Alfonso Angulo (PP), estaban llamados a declarar aquel 26 de enero por la citada instancia judicial, si bien solo Alfonso Angulo acudió al llamamiento para defender la tramitación y aprobación de las recusaciones promovidas contra estos tres funcionarios municipales.
Todo parte del concurso oposición promovido por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera para cubrir cinco plazas de administrativo mediante un procedimiento de promoción interna. En la primera prueba, celebrada el 8 de febrero de 2010, dos de los aspirantes fueron declarados «no aptos», pero la secretaria del tribunal de selección, además secretaria del Consistorio e imputada también en las diligencias, publicó un listado de aprobados en el que figuraba uno de los aspirantes declarados «no aptos». El presidente del tribunal de selección, y varios vocales entre los que figuraban un funcionario del servicio autonómico de Administración Local, reclamaron entonces la aprobación de las actas de admitidos inicialmente acordadas.
POSIBLE «ALTERACION»
El tribunal analizó las «discrepancias» entre el acta de aprobados de la primera prueba acordada inicialmente y el acta publicada por la secretaria del Ayuntamiento, Ascensión S.L., siendo finalmente suspendido el ejercicio en cuestión. A partir de ahí, y según un documento de la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla merced al testimonio de su funcionario del servicio autonómico de Administración Local, los miembros del tribunal de selección opuestos a la «alteración» de las calificaciones fueron sometidos a «amenazas y presiones».
En concreto, tres miembros del tribunal de selección que ostentan puestos de funcionario en el Ayuntamiento de Morón fueron objeto de recusaciones a cuenta del papel jugado en este tribunal. Pero fueron los escritos de oposición promovidos por cada uno de estos tres funcionarios contra sus respectivas recusaciones los que motivaron la incoación de expedientes disciplinarios en su contra en el seno de la administración local. El contenido de estos escritos de oposición, según los procedimientos disciplinarios, incluía una serie de supuestas «faltas graves» que derivaron en suspensiones de empleo y sueldo de cinco meses, nueve meses y nueve meses y medio de duración, respectivamente.
LA JUNTA SE OPONE
No obstante, el pasado 30 de marzo, la delegada del Gobierno andaluz en Sevilla, Carmen Tovar, firmaba un requerimiento en el que reclamaba al Consistorio tanto la anulación de la aceptación de las recusaciones promovidas contra estos tres funcionarios, como los expedientes disciplinarios incoados contra ellos. Y es que según este documento recogido por Europa Press, el departamento de Tovar entiende que los miembros del tribunal fueron víctimas de «coacciones y amenazas» a fin de modificar el resultado de las pruebas de selección, caso que podría ocultar un posible «delito de coacción».
Tanto los tres funcionarios expedientados, como la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla, han elevado el caso a la vía Contencioso Administrativa consiguiendo la paralización eventual de las suspensiones de empleo y sueldo dictadas por el Ayuntamiento de Morón de la Frontera, si bien los funcionarios afectados había promovido también acciones judiciales por la vía Penal.
