El abogado defensor del juez Baltasar Garzón en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por investigar los crímenes del franquismo careciendo de competencia ha solicitado este miércoles la libre absolución de su representado y ha defendido que la querella archivada por el magistrado sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama no es comparable jurídicamente con la causa que abrió por las desapariciones durante la dictadura.

Gonzalo Martínez-Fresneda, que se ha extendido durante dos horas en la exposición de su informe final, ha comenzado su intervención centrándose en el hecho de que Garzón archivara en 1998 una querella interpuesta en su juzgado por la matanza cometida en este pueblo madrileño en 1936. La acusación, ejercida por Manos Limpias y Libertad e Identidad, ha criticado que el magistrado utilizó argumentos diametralmente opuestos a los empleados en los autos por los que abrió la causa del franquismo.

Desde el punto de vista político, ha dicho la defensa, ambos acontecimientos son "igual de repugnantes" con episodios "tristes, trágicos, delictivos y criminales" pero jurídicamente "no tienen parangón". Entre otras diferencias, ha indicado que las víctimas de Paracuellos fueron identificadas y sus familiares indemnizados y reparados en la medida de lo posible --"sabiendo que una muerte no se puede reparar"--, los hechos se investigaron y se procuró sancionar a los posibles responsables.

A su entender, la Sala toleró durante la prueba documental la lectura del auto en el que Garzón archivó la querella pero ello no es suficiente para que la acusación vuelva a "introducir por la puerta falsa" y "en fraude procesal" este elemento que ha quedado "sin género de dudas" fuera del objeto de este procedimiento, después de que Manos Limpias con "absoluta sumisión" lo excluyera de su escrito de acusación siguiendo las instrucciones del instructor Luciano Varela.

Según Gonzalez-Fresneda, la querella interpuesta en 1998 formó parte de una "contraofensiva" por haber aceptado la Audiencia Nacional hechos relativos a las desapariciones de Argentina o el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet. En todo caso, el juez no aceptó la querella, que no aludía a delitos de genocidio o lesa humanidad, por errores "formales" y su "mala elaboración" y, por lo tanto, no aplicó la Ley de Amnistía de 1977 ni declaró prescritos los hechos expuestos.

PROTECCION DE LAS VICTIMAS: PREOCUPACION DEL JUEZ

El abogado defensor ha reconocido tener una pretensión "modesta" basada en demostrar que su cliente tomó una serie de actuaciones "tan defendibles" como las contrarias, pero que, sin duda alguna, fueron "razonadas" y "racionales".

La "principal preocupación" de Baltasar Garzón, ha añadido, se centró en dar protección a las víctimas. "La Sala ha podido comprobar su situación de abandono. El problema sigue ahí y no parece tan insensato pensar que sea la jurisdicción penal la que de una solución jurisdiccional. Era un criterio defendible y la diferencia de criterio no debe servir de base para criminalizar sus conductas", ha dicho el letrado, antes de citar los nombres de algunos familiares que han testificado en este juicio y que continúan buscando a sus padres y abuelos desaparecidos.

La defensa ha cargado contra los continuos "reproches en falso" de Manos Limpias hacia todas las actuaciones de su defendido, entre ellos la insinuación de que pudo hacer "trampas" en el reparto de los asuntos para que el caso recayera en su juzgado -extremo que Varela investigó durante tres meses concluyendo que el reparto fue correcto pero dejando "una sombra de sospecha--.

En cualquier caso, ha subrayado que las denuncias de asociaciones de la memoria histórica y de víctimas particulares como la hija del exdiputado socialista Luis Dorado hablaban de "un plan sistemático" de desapariciones forzadas y de crímenes contra la humanidad, aportaban listas de autores y desaparecidos, apelaban a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al Estatuto de Nuremberg y al derecho internacional para investigar estos hechos y, en suma, manifestaban su "nítida voluntad" de ejercitar acciones penales.

Algunas, ha añadido, incluso citaban los delitos contra altos organismos de la nación y formas de Gobierno, que son competencia de la Audiencia Nacional según establece el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Todas las denuncias reclaman el derecho a saber como parte de la tutela judicial", ha remachado.

"PODEMOS COMPARARLO CON NAPOLEON PARA CONSEGUIR UN TITULAR"

Gonzalo Martínez-Fresneda ha tildado de "gracieta" la comparación de la investigación de los crímenes y desapariciones del franquismo con los fusilamientos del Dos de Mayo, efectuada por el abogado de la acusación Joaquin Ruiz Infante. "Esto es una frivolidad y un desconocimiento total y absoluto del derecho penal, nacional e internacional. La diferencia la ha constatado el tribunal durante semanas: hay miles de españoles vivos que son víctimas directas", ha espetado.

Dicho esto, ha recordado que España está obligada a aplicar la legislación internacional en materia de derechos humanos para atender a "los hijos que han sufrido y siguen sufriendo una tortura que se explica en muchas sentencias y consiste en no saber donde está el cadáver de sus familiares". "Podemos compararlo con Napoleón o con lo que queramos para tener un brillante titular en los telediarios, pero es de una enorme frivolidad", ha exclamado.

La defensa ha recorrido todas las diligencias adoptadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 desde 2006 hasta 2008. Respecto al "problema de la competencia no tiene que escandalizar ni llamar a asombro" puesto que muchas veces la Fiscalía no coincide en los hechos que debe instruir la Audiencia Nacional, salvo en supuestos de terrorismo.

En cualquier caso, ha emplazado a reflexionar sobre el hecho de que las administraciones, los archivos, los ayuntamientos o los tribunales civiles, militares o eclesiásticos, que podían tener "teórica competencia", no fueran capaces de aportar datos, lo cual pone de relieve un problema "global" de desaparecidos.

CERTIFICADO DE DEFUNCION DE FRANCO

Además, ha defendido la necesidad de solicitar el certificado de defunción de Francisco Franco, de componentes de su Gobierno y de líderes falangistats en el marco de este procedimiento. "Reto a decirme que alguien se atreva a decirme que conoce todos esos nombres y que está seguro de que todos han muerto a día de hoy. Usted dice que le llevó media hora saber que estaban muertos. ¡Será por sus relaciones!", ha dicho al abogado de Manos Limpias.

Finalmente, ha señalado que la muerte de los presuntos autores no impide la apertura del proceso penal sino que es la inexistencia de indicios delictivos lo que lo impiden. Y ha justificado que los delitos de detención ilegal son permanentes, por lo que no tienen impunidad bajo la Ley de Amnistía.