El Gobierno de Mariano Rajoy ha apostado con decisión por mantener la política de la derrota de ETA.

El Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, ha demostrado ya que la firmeza se mantendrá inalterable mientras la banda terrorista no cumpla con las condiciones de su disolución y no colabore con la Justicia para que los más de 300 asesinatos sin resolver se esclarezcan.

El ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, ha proclamado también que no habrá amnistías ni medidas de gracia colectivas y que los terroristas conocen perfectamente los pasos que deben dar para reinsertarse.

No habrá atajos ni lecturas retorcidas de la legalidad. Y esto es algo que merece respaldo y reconocimiento. En este contexto, la denominada doctrina Parot es un instrumento fundamental de la política antiterrorista que ha impedido en estos años la salida prematura de asesinos condenados a cientos de años de prisión.

J.M. Zuloaga revela este 13 de febrero de 2012 en 'La Razón' que una veintena de presos de ETA podrían dejar la cárcel a lo largo de 2012, salvo que se les aplique la citada doctrina, un precepto tan lógico como garantista que supone que los beneficios penitenciarios se resten del total de la pena y no del máximo tiempo de estancia en prisión marcado en estos casos por el Código Penal de 1973, que era de 30 años.

Entre ellos está Juan José Zubieta, uno de los autores de la matanza en el cuartel de la Guardia Civil de Vic en 1991, en la que fueron asesinadas nueve personas, entre ellas cinco niños.

Fue condenado a 1.311 años de cárcel y podría estar de nuevo en la calle tras sólo 20 años entre rejas. Un terrorista, además, que aprovechó su derecho a la última palabra durante el juicio para culpar a los agentes de la muerte de sus hijos por utilizarlos como «escudos humanos».

Que este asesino miserable quedara en libertad en estas circunstancias sería indignante y censurable. El deber del Gobierno es procurar que en estos casos la doctrina Parot se aplique y que, por ejemplo, Zubieta no pise la calle hasta 2020.

No se trata de una cuestión de venganza, sino de justicia y de dar la batalla jurídica y política necesaria para que ETA no acumule nuevos triunfos a los que ya ha logrado en estos últimos meses.

En este terreno, los servicios jurídicos del Estado tienen una misión de la mayor trascendencia. El futuro de la Doctrina Parot está pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso impuesto para su anulación.

Cabe esperar que la razón jurídica se imponga y que el Estado de Derecho pueda mantener un activo esencial al servicio de la seguridad y la libertad.

Pero mientras el TC no falle, hay que actuar para que no asistamos a nuevas desgracias judiciales como la del caso Troitiño, el asesino del «Comando Madrid», condenado a 2.700 años por 22 asesinatos y que sólo cumplió 24.