Implica aceptar los hechos, la pena y la responsabilidad civil
Alberto Ruiz-Gallardón reconoció ayer que el Gobierno está «sufriendo un desgaste» por las reformas y ajustes que está emprendiendo.
El ministro, durante una conversación informal con periodistas en la recepción que ofreció la presidenta Esperanza Aguirre en la Real Casa de Correos con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, no trató de quitar hierro a la coyuntura que atraviesa el Ejecutivo y añadió que todo lo que se está haciendo «es absolutamente necesario» para recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Es más, el ministro -el único del Ejecutivo que acudió al acto de celebración de la Comunidad de Madrid al que lleva asistiendo durante 25 años en estados políticos muy diferentes-, quiso enfatizar la urgencia de las medidas aseverando que, aunque supusieran la tumba política del Gobierno en las próximas elecciones generales, también se habrían adoptado.
«Si supiéramos que este desgaste por tomar esas medidas nos va a hacer perder las elecciones, las seguiríamos tomando».
Ahora bien, Gallardón también añadió que aún queda tiempo para las elecciones.
«Tenemos cuatro años por delante, toda una legislatura, y la valoración de la opinión pública de la acción del Gabinete deberá ser de conjunto».
Sobre la expropiación de Red Eléctrica Española en Bolivia, el ministro no se salió del guión oficial minimizando en lo posible esta última nacionalización que, por supuesto, también desvinculó de la participación de Repsol en YPF.
Ahora bien, el caso Urdangarín medió buena parte de la actualidad informativa del día de ayer y la Real Casa de Correos no fue una excepción.
Las informaciones que apuntan a un intento de los abogados del Duque de Palma y el de su ex socio, Diego Torres, de incoar un pacto de conformidad con la Fiscalía -que procesalmente aún no se podría dar- para eludir su posible ingreso en prisión llevaron al ministro a destacar que «vivimos en un Estado de Derecho donde el principio de Igualdad de todos los españoles ante la Ley es el que rige y es el que por supuesto se aplicará en este y en todos y cada uno de los casos».
El ministro subrayó:
«No existe ninguna instrucción por parte del Gobierno» sobre el caso, resaltando «la autonomía que el Ministerio Fiscal tiene para una investigación de las causas penales […] Saben ustedes que este Gobierno ha dado plena autonomía al Ministerio Fiscal para la investigación de las causas penales. Este es un principio que nosotros vamos a mantener en todos los casos y que mantenemos también en este asunto que nos ocupa».
Esto es, «ningún hecho puede dejar de ser investigado por el Ministerio Fiscal y puesto a disposición y conocimiento del juez para su valoración».
Por si fuera poco, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que también acudió a los actos conmemorativos del 2 de mayo, aclaró en otra conversación con los periodistas que «el objetivo de la Fiscalía no es una conformidad», ya que esta se incoa en su caso por las partes.
Por si había alguna duda, Torres-Dulce sentenció que «ni he autorizado ni voy a autorizar ningún trato de favor» a Urdangarín, explicando que «no se puede hablar de conformidad en este momento procesal», porque aún no ha concluido la investigación.
«Estamos muy lejos de llegar a ese momento».
Además, el fiscal quiso recordar que «la conformidad implica aceptar los hechos, la pena y la responsabilidad civil».
Pocas horas después la agencia EFE informaba de que los fiscales Anticorrupción del caso habían suspendido las reuniones que, según sus fuentes, se habían fijado para esta semana con los abogados de Urdangarín y Torres.
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’