A pesar de no ser el autor material de los hechos, el diputado de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, puede ser encausado por el asalto y robo a los supermercados el 7 agosto 2012.

La Ley establece que los parlamentarios, por ser personas aforadas, sólo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, es decir, en el mismo instante en que se está cometiendo.

Pero, aunque a Gordillo no se le arrestó en ese momento, aún existe la posibilidad de que no quede impune. La Fiscalía de Sevilla solicitó este 24 agosto 2012 a través de un suplicatorio al Juzgado de Instrucción número 1 de Écija su inhibición en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que seguirá con el proceso judicial o sobreseerá si considera que no se debe perseguir a Gordillo. Esta afirma que debería ser imputado porque sí "tomó parte como inductor y cooperador necesario de los hechos".

MARINALEDA

Por otro lado, mientras que el Ayuntamiento de Marinaleda ha decidido dejar de pagar el agua esgrimiendo que se trata de un bien público, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, a quien Gordillo da su máximo apoyo, dispone incluso de una cuenta bancaria para que sus correligionarios ayuden a mantener las marchas.

Desde el sindicato hacen un "llamamiento urgente de solidaridad" porque aseguran no tener fondos e invitan a todos a ingresar lo que puedan en la entidad Cajasol.
Mientras tanto, las acciones antisistema del diputado de IU continúan ganando adeptos. Así, la Plataforma por la Renta Básica en Extremadura, integrada por miembros de diferentes colectivos, entre ellos el 15-M, llevó a cabo un nuevo asalto en el Carrefour de Mérida, aunque su intento de robo se vio frustrado gracias a la actuación de la Policía Nacional, presente en todo momento. Entre los asaltantes se encontraban miembros de IU, como el diputado en la región Víctor Casco o Manuel Cañada, ex coordinador del partido en Extremadura.

PACTOS

Después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconociera haber telefoneado el pasado martes al dueño del Palacio de Moratalla, para que presentara una denuncia por la ocupación del lugar por miembros de la banda de Gordillo y evitar la comisión del delito, fuentes ministeriales admitieron a Europa Press que se sospecha de que los dueños de algunas fincas andaluzas podrían haber pactado las ocupaciones previamente con el SAT.

En respuesta a estas declaraciones, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, acusó al ministro de extralimitarse en sus funciones y le instó a pedir con la misma urgencia que se persiga a grandes defraudadores fiscales del mismo modo que a los miembros del SAT.