La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido este 12 de septiembre de 2012 excarcelar al asesino etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga al desestimar el recurso de la Fiscalía.

Confirmaa así la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, quien concedió el pasado 30 de agosto la libertad condicional al terrorista, enfermo de cáncer.

Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal han decidido por cuatro votos a favor y uno en contra confirmar la decisión Castro y desestimar el recurso presentado por la Fiscalía.

Bolinaga, condenado por el secuestro de Ortega Lara y por el asesinato de tres guardias civiles, podría ahora abandonar el área penitenciaria del Hospital Donostia de San Sebastián, en el que se encuentra ingresado desde el pasado 1 de agosto.

El tribunal, presidido por Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado la excarcelación tras una reunión de cerca de dos hora y media y a pesar del último informe elaborado por los servicios forenses de la Audiencia Nacional, en el que se asegura que Bolinaga no se encuentra al borde de la muerte y que el empeoramiento de su estado se debe a los efectos secundarios del tratamiento que está recibiendo.

La excarcelación del preso, que ha sido comunicada al Hospital Donostia de San Sebastián, en el que se encuentra ingresado desde el pasado 1 de agosto, ha contado con el apoyo del presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, y los magistrados Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Alfonso Guevara, que entró a formar parte del tribunal en sustitución de la juez Manuela Fernández Prado, de licencia por estudios.

El quinto miembro del tribunal, Nicolás Poveda, ha anunciado un voto particular discrepante con el de sus compañeros y, al haber quedado en minoría, cederá a otro compañero la ponencia de la resolución, que será dictada y notificada en los próximos días.

La excarcelación ha sido adoptada en contra del criterio de la Fiscalía, que se ha opuesto a la libertad condicional alegando que, según los informes elaborados por la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena, no existe "riesgo inminente de muerte" para el recluso.

ESTA DELGADO POR LA DIETA

La Fiscalía ha insistido en las últimas horas en que el "empeoramiento" del carcelero de Ortega Lara "es momentáneo y secundario al tratamiento contra el cáncer y a la voluntaria huelga de hambre anterior, sin que sea posible establecer, salvo interpretación tendenciosa e interesada de lo transcrito, que ha existido empeoramiento del paciente que nos sitúe en inminente riesgo de muerte".

Respecto a que Bolinaga haya expresado su deseo de abandonar el tratamiento, el fiscal recuerda lo que el Tribunal Supremo dijo con las huelgas de los grapos y concluye que "no puede verse premiada" la eventual decisión del etarra de abandonar el tratamiento.

Asimismo, el escrito se cierra recordando que el tercer grado permite dar al etarra el tratamiento médico necesario en el hospital.

Por su parte, la forense había argumentado previamente que Bolinaga no se encuentra en estado "terminal" después de tener acceso el martes a los últimos documentos médicos del Hospital Donostia de San Sebastián -en el que fijan en 9 meses la esperanza de vida del etarra-.

Ante la petición de que presentara un nuevo escrito, Carmen Baena solicitó ayer los informes del centro hospitalario a los que no tuvo acceso cuando elaboró su primer informe y que finalmente recibió a última hora de la tarde de ayer.

Entre estos papeles está la historia clínica y la evolución médica del preso.

Tras examinar dicha información, la forense ha remitido a los jueces un escrito en el que incide en que el empeoramiento de la situación del etarra se atribuye a los efectos del tratamiento que ha iniciado, así como a las consecuencias de la huelga de hambre que mantuvo durante días.

Al respecto, recalca que hay que esperar a que desaparezcan los efectos secundarios de su negativa a alimentarse para poder "reevaluar" la situación del enfermo.

Con todo esto, Carmen Baena se ha ratificado en el informe que remitió el pasado día 24 de agosto en el que detallaba, a partir de los datos que tenía en ese momento, que el enfermo no se encontraba en una situación "terminal" y que "únicamente presenta leves síntomas clínicos" en relación con el cáncer que sufre.

Ese primer informe señalaba que "el tratamiento actual del enfermo, a la vista de la sintomatología que presenta, es compatible con ser llevado a cabo por los servicios médicos del centro penitenciario", ya que los pacientes en su situación tienen un 50% de posibilidades de superar los 11,3 meses de vida.

El análisis de la forense contradice al que realizó el Hospital Donostia de San Sebastián, que estaba firmado por una "comisión médica" del servicio vasco de salud Osakidetza.

El documento recogía que el preso se encontraba en una situación "irreversible" en la que "más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10%", es decir, que tendría un 90% de probabilidades de fallecer antes de un año.

También era contrario al elaborado por la cárcel de Zaballa (Álava), que concluía que el tratamiento que necesita el preso no era posible en una cárcel.