La democracia no debe ser que el asesino pasee con el carrito del niño y las víctimas lleven flores a las tumbas
Lo del etarra Valentín Lasarte apesta casi tanto como lo de Josu Uribetxeberria Bolinaga. El primero, condenado por siete asesinatos, ha disfrutafo de tres días de ‘vacaciones‘ paseando por la localidad navarra de Lodosa, comiendo a dos carrillos y repartiendo abrazos.
El segundo hace ya ocho meses que toma txiquitos habla por el móvil, saluda a sus compinches de Bildu y sonríe satisfecho por las calles de Mondragón. Un despropósito.
Bolinaga fue condenado a 178 años de cárcel por el asesinato de tres guardias civiles y el posterior secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, al que mantuvo 532 días encerrado en un zulo de de 3 metros de largo por 2,5 de ancho y 1,8 de altura.
El 12 de septiembre de 2012 la Audiencia Nacional lo puso en libertad, con el argumento de que el facineroso -nacido en 1955- sufría un cáncer terminal, algo descartado por la forense encargada del caso, Carmen Baena.
Los ‘bienpensantes‘ de todo color, incluidos varios ministros del Gobierno Rajoy, justificaron el desatino citando la ley y alegando que no se quería ver al malvado morir en prisión.
A la vista de las cosas, la impresión es que no hubiera fallecido en la cárcel -de donde nunca debió salir- y que tampoco la palmará en la calle.
Calle a la que nuestras autoridades han dejado asomarse estos días al etarra Lasarte, con un permiso penitenciario concedido por la Audiencia Nacional.
El terrorista, que ha manifestado arrepentimiento, incumple, según las víctimas, otro de los requisitos fundamentales para recibir estos permisos.
Y es que Lasarte, que sólo ha cumplido 17 años de condena por los siete asesinatos que cometió, jamás ha declarado nada que permita completar otras investigaciones judiciales.
Los portavoces de las diferentes asociaciones de víctimas no dudan en calificarle como el terrorista amnésico.
Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), ha declarado a ‘La Gaceta’ que su salida es «un mazazo que se recibió cuando se conoció el auto de la Audiencia Nacional».
Ordóñez, hermana de uno de los asesinados por Lasarte, el concejal del PP Gregorio Ordóñez, se mostró convencida de que la mayoría de los españoles «no quiere encontrarse a este tipo por la calle».
Su salida es, para ella, señal de que «algo no funciona bien en el Estado de Derecho» y cree que en materia antiterrorista se sigue la hoja de ruta marcada por ETA en los acuerdos de Guernica: legalización política, flexibilización en el trato a los presos, no aplicación de la Ley de Partidos y mantenimiento de Sortu.
Inma Castilla de Cortázar, presidenta del Foro Ermua, también tiene muy claro lo que significa la salida del etarra:
«El permiso a Lasarte será sólo un gesto a ETA, pero apunta a la vigencia de la vía Nanclares 2 que el Gobierno de Rajoy puso en marcha, con extraordinaria diligencia, al asumir los compromisos del tramposo proceso de negociación de Zapatero con ETA. ¿Se entendería esta política penitenciaria en cualquier país democrático para el miembro del comando Donosti, con siete asesinatos a sus espaldas, entre ellos Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica? ETA aniquiló a sus adversarios políticos, para conseguir imponer su proyecto político: ahí están en las instituciones, burlando cada dos por tres el más elemental comportamiento exigible por un Estado de Derecho respetable. En el Foro Ermua nos parece muy bien que se arrepientan los etarras, pero el arrepentimiento no puede ser una tapadera para la impunidad».
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), su presidenta Ángeles Pedraza ha declarado a este diario que «la democracia no debe ser que el asesino pasee con el carrito del niño y las víctimas lleven flores a las tumbas».
También ha considerado que decisiones como esta «dejan al Estado de Derecho por los suelos y uno se pregunta qué pasa para que la Justicia se ponga del lado de los asesinos»; asimismo, considera que la politización de organismos como el Tribunal Constitucional tienen parte de la culpa de esta situación.
Desde la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, su presidente Miguel Folguera no ha dudado en explicar que «ver a Lasarte paseando es un dolor añadido», máxime cuando se trata de «un individuo que jamás ha colaborado con la Justicia» y coincide con Pedraza al señalar que «el politizado Tribunal Constitucional no ha cambiado» y añade que «se sigue la hoja de ruta marcada por Zapatero, el actual Gobierno continúa con la política antiterrorista del último Ejecutivo socialista».