Todo hace indicar que a partir del lunes 30 de mayo de 2016 el juez Álvaro Martín procesará a los expresidentes Chaves y Griñán, al exvicepresidente Gaspar Zarrías y a los exconsejeros de Empleo, Hacienda e Innovación José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio, Magdalena Álvarez, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Martín Soler y Carmen Martínez Agüayo, como parte de la pieza política de los ERE.
Según la Cadena SER, el magistrado tendrá que decir si también procesa a otros exaltos cargos de estas consejerías y a las personas que formaron parte del consejo rector de la Agencia IDEA , entre ellos el presidente de Unicaja Banco, Braulio Medel.
Todos han sido investigados por su supuesta participación en la creación, tramitación o concesión de ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas mediante un procedimiento supuestamente ilegal, al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública, que consistía en otorgar las ayudas mediante transferencia de dinero de la Consejería de Empleo a la Agencia Idea, que era la caja pagadora.
Este auto, que ultima el juez, se podrá recurrir. Una vez dado este paso las partes tendrán que pedir penas para quienes resulten procesados. Más tarde llegará el auto de apertura de juicio oral.
Esta investigación judicial provocó la dimisión del presidente José Antonio Griñán que como el presidente Manuel Chaves y el exvicepresidente Zarrías dejaron sus escaños, después, cuando el Supremo dijo que veía indicios de prevaricación administrativa en sus conductas. También dimitió la exconsejera Magdalena Álvarez que ocupaba el cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.
La investigación del llamado caso de los ERE comenzó en enero de 2011. La Guardia Civil revisa todas las ayudas concedidas por la Junta a través de la partida 31L, incluida cada año en la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía que aprobaba el Parlamento.
Con esa partida se otorgaron ayudas, en muchos casos, sin expediente administrativo. Según la instrucción con él se financiaron distintas federaciones sindicales de UGT y CCOO. La Junta pagaba las prejubilaciones de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo a través de aseguradoras de VITALIA y Uniter a las que se les pagaron por ello sobre comisiones por encima del precio del mercado; en total 66 millones.
La jueza Alaya comenzó a instruir este asunto cuando descubrió que había tres personas en la empresa Mercasevilla que habían cobrado prejubilaciones sin haber trabajado nunca en esa sociedad. Son los intrusos. Se han descubierto casi ochenta personas en la misma situación en diferentes empresas.
El caso de los ERE está dividido en piezas desde que la jueza Alaya ascendió a magistrada en la Audiencia de Sevilla y llegó al juzgado de instrucción 6 la nueva titular, María Núñez. Hay decenas de ayudas otorgadas a través de la partida 31L que todavía se están investigando y casi una veintena prescritas porque han pasado más de diez años desde que se cobraron y nadie ha imputado aún a los receptores del dinero.
Aunque el auto del juez se de a conocer en precampaña electoral, justo es señalar que antes de que se supiera que iban a repetirse las elecciones el juzgado trabajaba con la previsión de dar por finalizada la instrucción de la pieza política del caso ERE en junio.
