En un país, llamado España, donde los terroristas y asesinos no indemnizan a sus víctimas y huérfanos y viudas de la Guardia Civil se las ven y desean para sobrevivir dignamente
Ya vale. Esto ocurre en un país, llamado España, donde los terroristas y asesinos etarras no indemnizan a sus víctimas y huérfanos y viudas de la Guardia Civil se las ven y desean para sobrevivir dignamente (Escolar se traga un tremendo ‘zasca’ cuando le recuerdan que tiene un etarra en su periódico).
Da la penosa sensación de que aquí no cabe un tonto más y de que el conjunto de nuestra sociedad ha perdido el juicio. Lo último en todos los sentidos, porque mientras a tertulianos y políticos se les llena la boca alabando nuestro sistema de Justicia y la labor de los jueces, entre los magistrados raro es el día en que no emerge alguno capaz de perpetrar lo más estrafalario (El etarra Otegi se compara con las mujeres acusadas de provocar que las violen).
Y esto último incluye desde caprichosas sentencias sobre urbanismo, sin tener conocimiento técnico alguno del tema, que causan pédidas multimillonarias aunque despues se revoquen, a peticiones de pena desquiciadas, pasando por autos que parecen aplaudir la labor de los criminales o al menos condonar sin pestañeos sus atrocidades (La socialista Meritxell Batet apoya que el etarra Otegui sea candidato en las elecciones ).
Dentro de este sonrojante capítulo se encuadra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de reconocer el derecho a recibir el subsidio por desempleo a un etarra que cumplió su pena de prisión en una cárcel francesa, enmendando una sentencia aprobada en primera instancia por un juzgado de Eibar que se pronunció en sentido contrario.
El fallo hecho público este 14 de octubre de 2016 niega que el haber cumplido la pena fuera de España quite a un recluso su derecho a recibir esta prestación, si reúne el resto de requisitos para percibirla, entre ellos, ser español, tener su residencia fijada en España y carecer de empleo.
El fallo, recurrible ante el Tribunal Supremo en casación, obliga al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) -es decir a todos los contribuyentes españoles incluidos los parientes de los asesinados, sus viudas y huérfanos- a abonar al terrorista etarra dicha prestación con efectos retropactivos a 9 de marzo de 2014, un mes después de su salida definitiva de prisión tras más de 13 años cumpliendo pena. Son por lo menos 426 euros durante 18 meses y lo que colgará.
La sentencia, cuya ponente es Garbiñe Biurrun, quien además de ser la jueza que coqueteó con Podemos para ser su candidata a lehendakari preside la Sala de lo Social del TSJPV, argumenta que se trata de apoyar la ‘reinserción social’. Obvia que tanto los facinerosos Luis María Azkargorta Belategi como Mikel Zarrabe Elkoroiribe ni han pedido perdón, ni pagado lo que debían, ni manifestado el menor arrepentimiento.
También que en su momento, la Abogacía del Estado dejó claro que los delitos de terrorismo no pueden equipararse a otros «por su gravedad y repercusión y alarma social», y que «en modo alguno puede considerarse desproporcionado» introducir unas exigencias:
«Cuyo cumplimiento, en última instancia, siempre depende de la simple voluntad del reo liberado, que tiene en su mano colaborar con las autoridades y la Justicia, pedir perdón a las víctimas y desvincularse de la banda terrorista, o no hacerlo».
El fallo impulsado por la podemita Garbiñe Biurrun llega después de que el Tribunal Constitucional, en otra de sus estrafalarias decisiones, se posicionara en contra de la exigencia de que los etarras piden perdón y colaboren con la Justicia como requisito indispensable para acceder al subsidio.
El Alto Tribunal, hace apenas unos meses, decidió declarar inconstitucional un artículo de la reforma de la Ley General de la Seguridad Social aprobada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, ya bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, que fijaba esa exigencia.
El TSJPV, en el escrito de Biurrun, entiende que estar arrepentido de asesinar o poner distancia con los matarifes, no es un requisito para el cobro de dinero público:
«Lo cierto es que un ciudadano de nacionalidad española y residencia en el Estado español se halla en la situación de necesidad indicada y ésta encaja de lleno en la finalidad del subsidio y cumple todos los requisitos legales y reglamentarios».
«Ha de hacerse una lectura finalista y sistemática del precepto constitucional que tenga en cuenta que la función primordial del subsidio […] es contribuir a su reinserción en la sociedad».
Luis María Azkargorta Belategi y Mikel Zarrabe Elkoroiribe, los dos ‘prendas‘ que van a beneficiarse casi de inmediato de la estúpida ‘generosidad‘ de la sociedad española, de los mendros de nuestra Justicia y de las filias y fobias de jueces como Garbiñe Biurrun salieron de la cárcel el 8 de noviembre y el 2 de diciembre de 2013:
- Luis María Azkargorta Belategi (Aramaio, 1953), beneficiado por la aplicación del fallo del Tribunal de Estrasburgo sobre la ‘doctrina Parot‘, tras cumplir 25 de los 38 años de la pena que se le había impuesto. Fue condenado, entre otros, por asesinar en 1985 al policía nacional Félix Gallego Salmón, padre de cuatro hijos. El agente, de vacaciones, subió a su coche junto a un amigo. Azkargorta fue uno de los 80 ex presos de ETA que en enero del año pasado se hizo la foto del Matadero de Durango.
- Mikel Zarrabe, alias ‘Migueltxo‘ (Éibar, 1960), formó parte del ‘comando Vizcaya’ y salió de la cárcel tras cumplir 24 años de condena: seis en Francia por pertenencia a ETA (la policía le detuvo en 1989 tras hallar 200 kilos de explosivo y 20 granadas en una vivienda de Anglet) y el resto en España, entre otras cuestiones por proporcionar los 150 kilos de amonal utilizados en el atentado contra la casa cuartel de Llodio (Álava) el 26 de julio de 1989, que dejó gravemente heridas a 17 personas y destruyó el complejo.
