Las causas contra los Pujol se instruyen en el Juzgado nº31 de Barcelona y en la Audiencia Nacional
La controvertida decisión del Juez José de la Mata de dejar en libertad con cargos y retirarle el pasaporte al pequeño del clan de los Pujol, aún y cuando existen muchas sospechas de que pudiera seguir blanqueando presuntamente capital irregular, ha vuelto a levantar las dudas sobre la administración de justicia en España, si somos todo iguales o no ante ella, y si existe un código penal especial, único y alternativo para la familia Pujol.
Viendo algunos de lo casos más destacados de la actualidad de nuestro país en los últimos tiempos, cabría pensar que algo raro pasa con los Pujol, o al menos resulta complicado de entender Pablo Ruz, juez instructor en la trama Gürtel concedió la libertad provisional al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, el 22 de enero de 2015, después de haber pasado 19 meses en la cárcel de Soto del Real en Madrid, de forma preventiva, por indicios de que podría haber ocultado más de 48 millones de euros en cuentas de países extranjeros. Ruz señala en su auto: «la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos, ante la posición pública y patrimonial ostentada por el mismo».
Por otro lado, el caso del secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, Francisco Granados, en prisión preventiva desde octubre de 2014, ordenada por el juez Eloy Velasco, dentro del marco de la llamada Operación Púnica, es otro ejemplo claro de argumentación jurídica para evitar eliminación de posibles pruebas: «riesgo de alteración de fuentes de prueba y de fuga y sustracción efectiva a la acción de la Justicia», tal y como argumenta Velasco.
El magistrado Santiago Pedraz ordenó en abril de 2016 el ingreso inminente en prisión preventiva de Luis Pineda y Miguel Bernard, por el caso Ausbanc y Manos Limpias, por un presunto delito de pertenencia a organización criminal, argumentando: «Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la pena que pudiera imponerse», aunque Bernad salió de prisión el pasado 22 de diciembre , tras abonar una fianza de 50 mil euros, en lo que resultó ser el Gordo de su propia lotería de Navidad.
En abril de 2016 veíamos como el juez Santiago Pedraz volvía a mandar a prisión preventiva al famoso banquero Mario Conde, en base a una investigación que lo situaba blanqueando, presuntamente, la nada despreciable cantidad de 13 millones de euros, supuestamente de los 26 saqueados a Banesto en lo años 90, y por lo que Conde ya fue condenado. El 17 de junio de 2016, el banquero pudo salir de prisión, a la espera de juicio, pagando una fianza de 3000 mil euros.
Otro de los casos mas nombrado en los últimos tiempos, ha sido sin duda, el caso Nóos, que implica a la hija del Rey, doña Cristina y a su marido Iñaki Urdangarín, en el presunto desvío de fondos públicos adjudicados de forma ilegal mediante contratos supuestamente amañados, por valor de 6.2 millones de euros del Gobierno de Baleares, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid. El juez José Castro no lo ha tenido nada fácil con este caso, donde hasta el propio fiscal, parecía, para muchos, el abogado defensor de doña Cristina, y donde a pesar de la gravedad de los delitos, no se dictó prisión preventiva para Urdangarín en ningún momento. El juicio que se celebró a principios de 2016, todavía espera sentencia.
La Audiencia Provincial de Málaga condenó con severidad y de forma ejemplarizante, a la cantante Isabel Pantoja, al ingreso en prisión por dos años, careciendo de antecedentes penales, y al pago de una multa de 1.14 millones de euros, por un delito de blanqueo de capitales, en el marco del caso Malaya, instruido entre 2007 y 2014. La sala argumentó: «la gravedad de la conducta resulta incuestionable, pues permitió el blanqueo de los beneficios obtenidos por su pareja en su corrompida actividad al frente del Ayuntamiento».
Por su parte, el clan Pujol parece intocable, la justicia parece ralentizarse a la hora de abordar sus causas. Una familia, que según los datos del ministerio del Interior, posee un patrimonio estimado de 1.800 millones de euros, aunque otras fuentes lo sitúan en casi el doble, unos 3.300 millones.
Las causas contra los Pujol se instruyen en el Juzgado nº31 de Barcelona y en la Audiencia Nacional. El expresidente de Cataluña, Jordi Pujol Soley, su mujer Marta Ferrusola, y sus seis hijos: Marta, Mireia, Pere, Oleguer, Josep y Jordi, además de la exmujer del último, Mercè Gironés, están todos imputados por la Audiencia Nacional. Oriol, el más pequeño, es el que tiene más opciones de terminar en prisión, según indican los expertos, aunque tampoco parece vaya a ser sencillo.
El juez de la Mata, no ordenó el pasado 12 de enero el ingreso preventivo en prisión de Oleguer Pujol, aludiendo, entre otras cosas, lo siguiente: «se limita a acometer actividades lícitas con fondos ya regularizados».
Dado que la ley se presta a interpretación, en este caso, la realizada por el juez de la Mata, aunque ajustada a derecho, no podría ser más favorable para el pequeño de los Pujol, que una vez más parece beneficiarse de la aparente impunidad que protege a su familia.
