Los agentes las conminaron a salir del bar donde se encontraban, pero la violencia empleada por los agentes no era "necesaria", dice la juez
La Audiencia Nacional ha obligado al Ministerio del Interior a indemnizar con 750 euros a una manifestante que fue herida por varios policías horas después de la movilización Rodea el Congreso del 29 de septiembre de 2012, al considerar que la violencia empleada no era «necesaria».
Los hechos ocurrieron tras la manifestación celebrada en la madrileña Plaza de Neptuno, cuatro días después de la gran protesta del 25S, en el que fueron detenidas 35 personas.
Tras la disolución de la protesta, la víctima y una acompañante fueron heridas en la cabeza por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) -antidisturbios-, que las conminaron a salir del bar donde se encontraban, según han explicado los abogados de la denunciante, de LegalSol, la Comisión Legal del 15M.
Cinco años después, la titular del juzgado número 7 de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, Ana María Jimena Calleja, ha considerado en la sentencia que puede existir un «nexo casual preciso y directo entre la actuación o intervención» de los policías y las lesiones de la víctima.
La juez añade que las lesiones son «imputables a la actuación del servicio público, en este caso policial, que la reclamante no tenía el deber jurídico de soportar» y que la violencia empleada por los agentes no era «necesaria». Y establece que no se ha podido probar que la víctima participase en los «sucesos violentos» que tuvieron lugar en las inmediaciones tras la concentración ni que «provocase la violencia física» en el bar donde se encontraba.
Porrazos al salir del bar
Los sucesos violentos tuvieron lugar en la madrileña calle Lope de Vega en el barrio de Huertas, donde un grupo de antidisturbios cortaron la calle y conminaron a personas que se encontraban dentro de un bar a salir, momento en el que les propinaban «porrazos», según los abogados y según refleja un vídeo que fue grabado por un ciudadano.
En su momento, el juzgado de Instrucción número 10 de Madrid acordó el sobreseimiento de la causa al no poder identificar a los autores de las lesiones y al no haber quedado acreditado que éstas fueran resultado de la «acción dolosa o negligente» de los agentes.
Pero ahora, por la vía de lo Contencioso Administrativo contra el Ministerio, la Audiencia Nacional falla a favor de la víctima quien, según sus abogados, está contenta porque «después de cinco años no confiaba» en tener una sentencia favorable aunque entendía que se «podría haber identificado a los agentes» porque sí que se pudo saber el número de identificación del furgón policial.
Pese a que la demandante solicitaba 4.052 euros de indemnización, la juez obliga a Interior a pagar 50 euros por cada uno de los días que tardó en recuperarse (15), es decir, un total de 750 euros al entender que los daños no eran impeditivos y que «no cabe considerar como gastos indemnizables» los honorarios de los abogados.
El Ministerio del Interior, según la sentencia, reconoció un «funcionamiento anormal del servicio público» el día de los hechos y que la víctima resultó herida como consecuencia del mismo.
