Política
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. RC

A  sólo dos semanas del 1-O, el ministro de Justicia recibe a Francisco Marhuenda, director de La Razón, y al periodista R. Coarasa.

El encuentro tiene lugar este 16 de septiembre de 2017, unas horas después de la oferta de diálogo que ha hecho llegar Puigdemont al Gobierno, en pleno desafío contumaz a la legalidad, y de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la intervención de los pagos de la Generalitat.

Rafael Catalá insiste en que el referéndum soberanista no se celebrará y asegura que la mano del Gobierno está tendida, salvo para negociar una votación para trocear España.

-Tras los reiterados incumplimientos de la legalidad , ¿cómo califica la oferta de diálogo de Puigdemont?

-Si algo hemos intentado desde el Gobierno es abrir líneas de diálogo con la Generalitat. Nos hemos ocupado de los problemas reales de los catalanes: de pagar las pensiones, las nóminas, las facturas y de garantizar que los servicios públicos se siguen prestando durante este tiempo en el que la Generalitat ha abandonado sus responsabilidades con el único objetivo de trabajar por la independencia. Por lo tanto, en este momento en el que se ha impedido el diálogo y la negociación en el Parlament, cuando están incumpliendo todas las obligaciones que como gobernantes tienen, que se invoque al diálogo, si no fuese un asunto tan importante yo diría que es una broma. Es el intento de buscar una salida y blanquear una posición contraria ala democracia y al interés de todos los catalanes.

-¿Se ha continuado dialogando con la Generalitat incluso durante estos últimos días de mayor crispación?

-Siempre. Permanentemente. Pero si el diálogo está asociado a hacer un referéndum nunca vamos a poder dialogar. El Gobierno de España, sea el que sea, tiene la obligación de cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento y eso significa que no se puede celebrar nunca un referéndum por la independencia. Dialogar exigiendo que del diálogo forme parte ese referéndum es hacerlo imposible desde el inicio. Estamos dispuestos a dialogar de todos los problemas. Hasta hemos abierto la hipótesis de una reforma de la Constitución y del Estatuto de autonomía,¿ porqué no? Pero siempre y cuando esté dentro del marco constitucional.

-¿Por qué se permitió el acto de inicio de campaña pese a la suspensión del referéndum acordada por el Constitucional?

-Hemos dicho desde el primer día, y creo que lo estamos acreditando, que vamos a hacer uso de toda la fuerza que tiene el Estado de Derecho para impedir que se cometan delitos. Nuestra firmeza va a ser absoluta. Dicho esto, lo que no vamos a hacer es caer en ninguna trampa de provocación de altercados de orden público o cualquier tipo de revuelta ciudadana. Esto tiene un cauce jurídico, pero también hay que apelar a la responsabilidad de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña para no provocar enfrentamientos entre catalanes. No nos parece que ésa sea la solución.

-El anuncio que ha hecho la alcaldesa de Barcelona de facilitar la votación, ¿puede acarrear también consecuencias penales?

-Todavía no hemos sido capaces de entender qué significa esa colaboración. Si supone ceder locales estará incurriendo en una ilegalidad. Si se reduce a hacer un discurso favorable, eso es libertad de expresión. Si a todos los alcaldes ya se les ha notificado que no pueden colaborar con un referéndum que ha sido declarado ilegal, la alcaldesa de Barcelona, como uno más, no puede colaborar con la comisión de una acción delictiva y, si lo hace, tendrá que asumir las responsabilidades que se deriven.

-A día de hoy, ¿cree que hay motivos para que el Gobierno inste al Tribunal Constitucional la suspensión de Puigdemont?

-Las opciones que nuestro ordenamiento prevé son varias y se puede llegar incluso a la inhabilitación. Hay una escala gradual y no hay que descartar ninguna medida para garantizar algo tan básico y esencial en una democracia como que la ley se cumpla y las sentencias se apliquen.

-¿Hasta donde está dispuesto a llegar el Gobierno?

-Vamos a utilizar todos los mecanismos que una democracia tiene para garantizar que la ley se cumpla. ¿Qué leyes se cumplen y cuáles no se cumplen? ¿Es que hay leyes o sentencias de los tribunales que si no se cumplen se puede mirar para otro lado? Eso no puede ser. Estamos en presencia de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación ¿Cómo no vamos a actuar?

-Tras tomar las riendas de las cuentas de la Generalitat, ¿el artículo 155 es un tema menos tabú?

-En el debate político lo hemos identificado con unas medidas extraordinarias que sólo pueden adoptarse en casos de emergencia nacional. Sin embargo, cuando el fiscal general ordena a las Fuerzas de Seguridad que se pongan al servicio de la Justicia, el efecto es que los Mossos se están poniendo, lógicamente, al servicio de los jueces y tribunales y de la Fiscalía. No hay ninguna alteración de las competencias de la Generalitat en materia de Interior, pero sí una atribución de responsabilidades a los Mossos. Y cuando la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos decide establecer un sistema de control e intervención de la actividad de pagos de la Generalitat para garantizar que se siguen financiando los servicios públicos y no se despilfarra el dinero de los catalanes, también se está interviniendo en ese sentido. Hay muchos mecanismos para garantizar que en Cataluña se cumplen las leyes y para eso no necesariamente hay que recurrir al 155.

-¿Está convencido de que los Mossos actuarán para impedir el referéndum?

-Estoy plenamente convencido. Una persona que decide hacerse policía me parece que es alguien que cree firmemente en el Estado de Derecho, en la ley y el orden. Creo que los mossos tienen ese mismo perfil sociológico. Su trabajo cotidiano es garantizar los derechos de los ciudadanos y mantener el orden público. ¿Cómo no vamos a estar seguros de que van a seguir así?

-A sólo dos semanas del 1-O, ¿el Gobierno garantiza que no habrá referéndum?

-No va a haber referéndum en absoluto. Un referéndum es un proceso que se basa en una convocatoria, que no existe porque ha sido suspendida por el-Tribunal Constitucional, y trae consigo un conjunto de elementos materiales: censo, urnas, papeletas, locales donde votar, tarjeta censal, una administración electoral... Ninguno va a existir en este proceso, por lo tanto no habrá referéndum.

-¿Teme que se produzcan altercados? ¿Cree que el frente independentista busca la imagen de los agentes retirando las urnas?

-Confiamos en el buen sentido de los catalanes y, también, de los gobernantes, para no crear tensiones. En los últimos días la Generalitat está creando unas tensiones innecesarias, enfrentando a unos catalanes con otros, a los catalanes buenos, que son los que quieren votar, con los demás, que parece que o no son catalanes o no son buenos. Este tipo de planteamientos es lo último que debe hacer un gobierno, que debe atender el interés general de los ciudadanos y nunca enfrentarlos. Confío en que eso no se produzca.

-¿Qué les diría a los funcionarios y cargos públicos a quienes la Generalitat está situando entre la espada y la pared?

-Que tienen todo el apoyo de la ley y las instituciones. Deben estar muy tranquilos y confiados en que si actúan, como han hecho siempre, dentro del marco de la ley, no tendrán ningún problema. No es legítimo atender órdenes ilegítimas.

-¿Cree que es posible que ese referéndum se lleve a cabo en el futuro de forma legal?

-En este momento nuestra Constitución establece un principio tan importante como la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, en todos, por lo tanto no es posible que una parte decida por la totalidad. ¿Esto se puede cambiar? A mí me parece que es un pilar de nuestro modelo de convivencia y veo muy difícil alterar esos principios básicos. No sé donde estaremos dentro de veinte años, pero leo las constituciones europeas centenarias y ninguna prevé que una parte de la nación pueda separarse del resto. No parece que los tiempos vayan por ahí.

-¿Qué vías políticas está dispuesto a explorar el Gobierno a partir del 2-O?

-No sé si es el mejor momento para hablar de reformas de la Constitución. Estos son días para apelar a la unidad de los demócratas, que es lo que estamos haciendo el PP, Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Vamos a tener la mano tendida al diálogo.

-¿La reforma de la Constitución es un tema tabú?

-No, no, en una democracia no puede haber temas tabú. En el Gobierno y en el PP sabemos muy bien la España que queremos y en la que creemos, y no es una España que trocea la soberanía popular, que diferencia los derechos de los españoles. ¿Se puede hablar de esto? Sí, pero ya anticipo que vamos a estar en esos valores, que son los que han caracterizado a nuestra democracia.

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