Política
Jordi Cuixart (Òmnium) y Jordi Sànchez (ANC). EFE

Al trullo, que es dónde debían haber estado desde hace un par de semanas.

La juez de la Audiencia Nacional ha enviado este lunes 16 de octubre de 2017 a prisión incondicional a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart.

Los líderes de las principales entidades soberanistas, ANC y Òmnium Cultural están imputados por un delito de sedición y el juez los considera, "por su capacidad de convocatoria", los principales responsables de promover las concentraciones que se produjeron delante de la consejería de Economía.

Dicha consejería fue bloqueada por miles de personas el pasado 20 de septiembre, cuando una comisión judicial entró para efectuar un registro por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Como no podía ser de otra manera y dado que él puede seguir la misma senta si la Justicia española actúa como debe y trata a todos los ciudadanos coomo iguales ante la Ley, Carles Puigdemont se ha apresurado a calificar de «mala noticia» la encarcelación de Sánchez y Cuixart:

 

La periodista Pilar Rahola, culta, leída, viajada y políglota como es, pero a la que su etapa de groupie de Artur Mas debió inocular a fondo la tontuna del nacionalismo identitario, ha subido a toda prisa un mensaje en inglés a Twitter, en el felicita sarcásticamente a juncker por tener 'presos políticos' en Europa.

Antes, en una de sus salidas habituales, ha calificado en las redes de la 'expresión de la maldad' el comentario de Xavier García Albiol.

Como no podía ser de otra manera, el líder del PP en Cataluña, se ha alegrado de la decisión judicial y de que en España, por fin, se empiece a hacer justicia:

La juez Lamela ha tomado también este lunes declaración al comisario mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al que ha dejado en libertad, pese a la petición de cárcel de la fiscalía.

La instructora del caso le ha impuesto, en cualquier caso, medidas cautelares: presentación cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

En caso de incumplir las medidas, la juez podría ordenar el endurecimiento de las mismas. Además, la fiscalía ha pedido prisión incondicional tanto para el líder de la ANC, Jordi Sànchez, como para el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El auto en el que se recogen las medidas cautelares contra Trapero, la juez ya adelantaba el papel que tuvieron los líderes de ANC y Òmnium en las protestas de los días 20 y 21.

"Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se erigieron como interlocutores de la concentración e intentaron al menos cinco veces negociar con las fuerzas de seguridad planteando opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos".

Sin embargo, nunca aceptaron las opciones que les ofrecían las fuerzas de seguridad "para evitar o disminuir riesgos".

"Este control sobre las masas nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes cumplir las órdenes del juez".

En su auto, la magistrada se ciñe a los hechos de los días los días 20 y 21 de septiembre, sin llegar a la fecha del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y prohibida por la justicia, el 1 de octubre.

Según la juez, existen elementos que vinculan a Trapero (Santa Coloma de Gramenet, 1965) con la estrategia para la ruptura de Cataluña con España, como el contenido del documento EnfoCAT hallado en el domicilio de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras o la pasividad, aún por investigar, que se atribuye a los Mossos en la jornada del referéndum.

El atestado de la Guardia Civil habla de una "actividad de contravigilancia" de los Mossos para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía y la Guardia Civil.

Sin embargo, la actuación de Trapero, "no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular en este momento a hechos tan graves como los que en esos días sucedieron", todo ello, "sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación".

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ya había decidido esta mañana dejar en libertad con medidas cautelares a la intendente de los Mossos d'Esquadra, Teresa Laplana, después de que la Fiscalía haya solicitado para ella el ingreso en prisión bajo fianza de 40.000 euros, según informan fuentes jurídicas.

La magistrada ha rebajado esta petición y ha acordado para Laplana la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.

Trapero y la intendente Laplana han señalado que durante el acoso de los manifestantes a la consejería de Economía, "abrieron los pasillos para los detenidos y para la salida de la comisión judicial".

Sin embargo, estos corredores "no fueron utilizados en los momentos en que estaban previstos", y ha señalado que los Mossos no actuaron para disolver la concentración "porque ello podría haber generado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas", según el auto.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido esta mañana prisión incondicional para el comisario mayor de los Mossos d'Esquadra. La juez instructora del caso, Carmen Lamela, ha hecho, a última hora de la mañana, un receso de tres horas, aproximadamente, para tomar una decisión.

Así, Trapero, tras declarar durante unas dos horas, ha podido salir de la Audiencia Nacional antes de acudir a la vista en la que le serán comunicadas las posibles medidas cautelares.

Laplana era la responsable de la dotación de los Mossos d'Esquadra responsable de la seguridad en la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, que fue bloqueada por miles de personas cuando una comisión judicial entró para efectuar un registro por orden del Juzgado de Instrucción numero 13 de Barcelona.

El comisario mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de las dos grandes organizaciones movilizadoras del independentismo, Jordi Sànchez, de la ANC, y Jordi Cuixart, de Òmnium, estaban citados este lunes en la Audiencia Nacional como imputados por sedición, diez días después de que fuesen interrogados por primera vez.

La juez Lamela quería indagar sobre su papel en las concentraciones masivas organizadas para forzar que se celebrara el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional y que la Justicia había ordenado impedir.

El 7 de octubre los imputados salieron de la Audiencia sin ninguna medida cautelar y se les volvió a citar después para poder examinar documentación facilitada por la Guardia Civil. En esos informes se asegura que Trapero está "totalmente involucrado en el proceso separatista".

El instituto armado asegura que Trapero ordenó a la policía autonómica que hiciera "funciones de protección y seguridad" para los organizadores de la consulta y que dio "instrucciones o pautas de actuación" a sus subordinados para que no actuaran para cerrar colegios el día del referéndum.

A los presidentes de ANC y Òmnium, la Guardia Civil y la Fiscalía les acusan de haber sido los organizadores y movilizadores de las protestas contra las actuaciones contra el referéndum.

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