La aplicación del 155 se traducirá en la destitución de Puigdemont y la limitación de funciones del Parlament
El fiscal general del Estado ve justificada la querella que la Fiscalía General del Estado está preparando por el delito de rebelión contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en caso de que haga efectiva una declaración unilateral de independencia.
Al ser preguntado sobre si implicaría prisión provisional, José Manuel Maza ha sostenido que al tratarse de un delito de «tanta gravedad» es «lógico», una consecuencia «casi obligada», que se pidan «medidas cautelares severas».
La Fiscalía General del Estado ha confirmado este sábado 21 de octubre de 2017 que «se está preparando una querella por rebelión» contra el presidente de la Generalitat de Cataluña y otros dirigentes independentistas «para el supuesto de que se llevara a cabo una declaración de independencia».
La rebelión, una versión más grave del delito de sedición, castiga con hasta 30 años de cárcel a quienes se levanten «violenta y públicamente» para, entre otros objetivos, «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución» o «declarar la independencia de una parte del territorio nacional».
Este delito fue el que se aplicó, en su vertiente militar, al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y al resto de miembros de la cúpula militar que perpetraron el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Putin juega ‘bueno’ desde el Kremlin y sus hackers y agentes secretos nos hacen la puñeta https://t.co/kpGP6nFkwW
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 21 de octubre de 2017
PUIGDEMONT AMENAZA
Carles Puigdemont considera un «ataque» y una «humillación» la activación del artículo 155 de la Constitución y convocará al Parlament de Cataluña para debatir qué pasos dar tras las medidas adoptadas por el Gobierno este sábado.
En su declaración institucional desde el Palau de la Generalitat no desveló qué se hará en los próximos días, mientras la intervención de la autonomía no sea efectiva.
Sólo pidió la convocatoria del pleno de la cámara catalana, símbolo de la soberanía del pueblo catalán a juicio del Govern, pese a las decisiones judiciales.
El president de la Generalitat calificó el 155 el «peor ataque» a las instituciones catalanas desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco y acusó al Estado de tener un «propósito liquidador».
Se quejó de que las todas propuestas de diálogo y mediación de la Generalitat habían tenido la misma respuesta negativa y consideró un «portazo» las decisiones del Consejo de Ministros y la «liquidación» del autogobierno y la «voluntad democrática de los catalanes».
«Lo que los catalanes decidieron en las urnas, el Gobierno lo tumba en los despachos», añadió y tachó de «actitud antidemocrática y fuera del Estado de derecho» las medidas al carecer de una «mayoría parlamentaria que las avale».
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