En un despliegue inusitado, una veintena de policías acudieron al domicilio de Villarejo el viernes por la tarde
El policía más especial de España, el que más teclas ha tocado estás pasadas tres décadas, un mito del Cuerpo con 10 ministros del Interior diferentes y quien más operaciones delicadas ha realizado en España, está en la cárcel desde la medianoche de este 5 de noviembre de 2017.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó este domingo el ingreso en prisión provisional del comisario José Villarejo, de 66 años y recientemente jubilado, acusándole de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.
En el marco de lo que el Ministerio del Interior, tan dado a la nomenclatura chocantes, ha denominado ‘Operación Tándem‘, también ha mandado a la cárcel al abogado Rafael Redondo, socio y empleado de Villarejo y al comisario de policía Carlos Salamanca.
Otros cuatro investigados han quedado quedaron en libertad. En el caso de la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, con la medida cautelar de retirada de pasaporte y en el de los otros tres (uno de ellos hijo de Villarejo, y otro, hijo de Salamanca) sin medidas cautelares.
EL RIESGO DE FUGA Y EL PATRIMONIO
La magistrada aprecia en ambos policías y en el abogado Redondo riesgo de fuga por la gravedad de los hechos y el elevado patrimonio que todos ellos tienen en España.
La juez Carmen Lamela, en funciones de guardia durante la semana que terminó este domingo, es la instructora de la causa. Sin embargo, la toma de declaraciones que realizó a los nueve exconsejeros de la Generalitat el jueves obligó a que dejara el caso provisionalmente en manos otro juzgado de la Audiencia Nacional, el dirigido por Manuel García-Castellón.
En un despliegue inusitado, una veintena de policías acudieron al domicilio de Villarejo el viernes por la tarde. Contaron con la colaboración de dos perros para la búsqueda de dinero. Uno de los fiscales estuvo hasta las seis de la mañana en el domicilio del veterano comisario, situado en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.
Las declaraciones de los siete acusados tuvieron lugar entre las 17 y las 22 horas de este domingo ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la misma magistrada que ordenó el ingreso en prisión de los exconsellers de la Generalitat.
INTERROGATORIOS EN COMISARIA
Los siete detenidos por la operación Tándem han pasado el fin de semana en las dependencias policiales de la Comisaría de Chamberí.
El comisario Villarejo declaró durante 50 minutos y contestó tanto a las preguntas de su abogado como de la Fiscalía.
Carlos Salamanca (a quien Villarejo describió como su «amigo») fue preguntado por la compra de un coche a través de una de las sociedades de Villarejo. Los investigadores sospechan que con ello pretendía deducirse el IVA.
En cuanto a Gema Alcalá, la mujer de Villarejo, fue interrogada acerca de sí era la administradora única de Cenyt Group, a lo que contestó que dejó de serlo en 2015.
La ‘Operación Tándem’ fue iniciada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y ejecutada por la Audiencia Nacional.
Filtra la Fiscalía, que indudablemente ha recibido constantes requerimientos del CNI y de otras instancias para actuar contra Villarejo, que todo se inició tras recibir el pasado 25 de abril una denuncia anónima sobre las supuestas actividades ilegales de Villarejo y Salamanca.
La tesis de los acusadores es que Villarejo y Salamanca, prevaliéndose de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, especialmente sensibles para la seguridad nacional, habrían recibido elevadas sumas de dinero, así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia.
UN ESCRITO QUE APESTA A CNI
El escrito sin firma o autor conocido pero con un fuerte olor a CNI -cuyo director el general Roldán odia con todas sus fuerzas a Villarejo-, que dice haber recibido la Fiscalia y al que tuvo acceso El País, afirma que en 2012 un alto cargo de Guinea Ecuatorial encargó a Villarejo, a través de su colega Carlos Salamanca, un informe sobre uno de los hijos del presidente Obiang, Gabriel Mbaga Obiang Lima.
Se trataba de buscar trapos sucios del hijo y difundirlos a través de la red de medios cómplices del excomisario para desacreditarle y anularle en las luchas familiares.
El contrato del policía detenido con los guineanos se hizo supuestamente a través de una de sus empresas, Grupo Cenyt, dedicada a la investigación y a la gestión de crisis, con sede en la Torre Picasso. Villarejo y su socio Rafael Redondo Rodríguez formalizaron una propuesta económica, según la denuncia, para la realización de los trabajos, por un importe de 5,3 millones de euros. El pago se realizaría en dos partes: 1,7 millones por elaborar el informe, más un seguimiento anual de 3,6 millones.
Unos anexos al contrato detallaban las fases de actuación en las que se realizarían seguimientos, interceptación de comunicaciones, obtención de informaciones bancarias y otros elementos de privacidad personal relativos a Gabriel Mbaga Obiang.
Villarejo y Redondo solicitaron que el pago fuera diversificado a diferentes destinatarios y no solo a Cenyt. Parte de estos pagos se realizaron supuestamente en unas cuentas bancarias radicadas en el extranjero, principalmente en Panamá, país calificado como paraíso fiscal.
Según la denuncia recibida por la Fiscalía, las transferencias más relevantes las recibieron las sociedades panameñas Participaciones Marvila SA (330.000 y 485.000 euros) y Financiera Uruplan (435.000 euros), presuntamente propiedad del excomisario.
Los representantes del Gobierno guineano mantenían una buena relación con el comisario Salamanca, que por entonces era el jefe policial del Aeropuerto de Barajas, en Madrid.
Según los documentos enviados a la Fiscalía, Salamanca les realizaba favores en numerosas ocasiones, como ir a recoger a visitantes a la puerta del avión utilizando coches oficiales o facilitar la entrada de ciudadanos extranjeros cuando carecían de los requisitos necesarios para superar el control de fronteras.
