Ahora sí, Francisco Serrano volverá a ser el juez Francisco Serrano después de que el Tribunal Supremo haya anulado, por no ser «conforme a derecho», el acuerdo por el que su Comisión Permanente rechazó su petición de reingreso en la carrera judicial una vez cumplida la condena de dos años de inhabilitación que le fue impuesta por modificar el régimen de visitas de un menor a fin de que éste pudiese participar en una procesión de Semana Santa.
El Supremo, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), rehabilita por lo tanto a Serrano y le devuelve su condición de magistrado desde la misma fecha de la sentencia, es decir, desde este mismo día.
LA CONDENA
Serrano fue condenado el 13 de octubre de 2011 por el TSJA en una sentencia que fue declarada firme por el Tribunal Constitucional el 26 de octubre del año pasado. Fue considerado culpable de prevaricación culposa después de que, en su calidad de juez de Primera Instancia de Sevilla, prolongase durante dos días el período de estancia de vacaciones de un menor con su padre con la finalidad de que pudiese salir como paje en una cofradía de Semana Santa.
Lo hizo sin dar audiencia a la madre y aceptando la medida cautelar que había pedido el abuelo del pequeño, quien expresamente había mostrado su deseo de participar en la procesión.
El resultado fue una querella de la madre a raíz de la cual el juez fue condenado al considerarse que había obviado las medidas familiares impuestas por un juzgado de Violencia de género.
En 2012, el mismo Tribunal Supremo que ahora le ha rehabilitado elevó la condena del TSJA a diez años de inhabilitación al concluir que el delito cometido fue prevaricación dolosa, aunque el Constitucional amparó a Francisco Serrano y anuló esta nueva condena, declarando firme, eso sí, la del Alto Tribunal andaluz.
Serrano siempre ha mantenido que hizo lo correcto y que, de hecho, «volvería a hacer lo mismo», tal y como manifestó tras conocerse el fallo del Constitucional en octubre de 2016. Se siente, ha venido diciendo, «víctima política» de una «Justicia sometida al poder político» y de una persecución motivada por sus críticas a lo que califica como «ideología de género», las políticas de género que desarrolló el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
