Política
Pau Raventós (Unipost). EE

Otro que va para el trullo y a poco que los jueces aprieten, pasará una temporada a la sombra.

La Guardia Civil, que entró a las 8 de la mañana de este 14 e diciembre de 2017 a registrar la sede de la empresa postal Unipost en L'Hospitalet de Llobregat, ha detenido a su director general, Pau Raventós, en el marco de la investigación sobre los preparativos del referéndum del 1-O .

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga a Raventós por, entre otros, un delito de malversación.

El sujeto ha sido trasladado a la sede de Unipost en Hospitalet de Llobregat. El nuevo registro ordenado por el Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona busca recabar nuevas pruebas sobre la financiación del «procés».

Además de la sede central de Unipost, también se está registrando la sede social de la empresa, en la calle Mallorca de Barcelona, y un domicilio.

El pasado mes de septiembre, la Guardia Civil ya se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1-0, suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Cataluña.

Ese registro, ordenado por el Juzgado Número 3 de Terrassa en funciones de guardia, se llevó a cabo en varias sedes de Unipost en Manresa, Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat, que es donde se encuentran este jueves de nuevo agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

En aquella ocasión el Ministerio del Interior consideró que se había intervenido el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales. La Generalitat anunció el día de la votación del 1-O que utilizaría un censo universal, de forma que cada ciudadano pudiese votar en el colegio que estimara oportuno.

A principios de este mes, el titular del juzgado número 13 solicitó información a la administración catalana de la publicidad sobre la consulta y su difusión en medios de comunicación y los costes en el material electoral empleado, lo que incluye urnas, papeletas, sobres y gastos de envío a cargo de la empresa Unipost.

Con posterioridad al 1-O, Unipost, presentó el 11 de octubre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afectaba a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder rehacerse de la grave situación económica que atravesaba.

El Juzgado 13 de Barcelona investiga desde hace meses los preparativos del 1-O y las estructuras de Estado que idearon los miembros del Govern de Carles Puigdemont para alcanzar la independencia.