Política
Los Pichis EE

Ibaiondo es un centro de 3.200 metros cuadrados en las afueras de Zumárraga (Guipúzcoa). Además de las comodidades de las que van a gozar aquí, un equipo de más de 50 personas (psicólogos, trabajadores sociales y educadores) están a disposición de los adolescentes para intentar su reinserción.

No sólo eso: el posible que incluso perciban un sueldo para sus gastos:

"Los internos disponen de una paga semanal de entre 9 y 15 euros, en función de la fase educativa en que se encuentren", publicaba Noticias de Gipuzkoa en un reportaje.

Desde Ibaiondo no lo ha confirmado, pues a pesar de los intentos de este periódico en contactar con sus responsables, nadie contesta.

"Este es un centro con una finalidad educativa", subrayaban desde la dirección durante su inauguración. Nada de llamarlo reformatorio. Es un lugar donde los chicos campan a sus anchas, e incluso algunos pueden salir, dependiendo del régimen en el que se encuentre. Existen cuatro modalidades: régimen cerrado, en el que los internos no salen del centro, régimen semiabierto, en el que los chicos pueden salir a realizar algunas actividades al aire libre, régimen abierto, en el que solo van a dormir por las noches, y fin de semana en el que los chicos (porque sólo hay varones, no es un centro mixto) sólo pasan 36 horas allí dentro: ingresan el viernes por la noche y se marchan el domingo, según recoge David López Frías en El Español.


Agresiones y amenazas a los funcionarios

Se ignora si la ratio de reinserción es muy alta. Lo que sí se sabe con certeza es que los trabajadores del centro han denunciado en numerosas ocasiones amenazas y agresiones físicas por parte de los internos. Incluso llegaron a manifestarse en 2016 para exigir más medidas de seguridad a la administración, a causa de varios incidentes protagonizados por los chicos.

"No pedimos guardaespaldas, sino que se cumplan las condiciones laborales de seguridad, para que lleguemos a casa cansados, no heridos", pedía el comité de empresa hace un par de años al consejero de Justicia del Gobierno Vasco, que gasta cada año 1,2 millones de euros en garantizar la seguridad en estos centros.

Fuente original: El Español/Leer más

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