Los Mossos d’Esquadra estaban más preocupados en descubrir la estrategia de la Policía y la Guardia Civil durante el referéndum ilegal del 1-O que en cumplir el mandato judicial que les obligaba a impedirlo. Esa es la conclusión de un extenso informe de más de 800 páginas elaborado por la Guardia Civil que ya está en manos del juez Pablo Llarena y que adelanta Daniel Montero en El Español. —Las conversaciones de la vergüenza de los ‘mossos’ en el 1-O: «Sigan a los policías»—
El documento, que analiza las conversaciones de todos los operativos de la Policía autonómica que salieron a la calle durante el referéndum, dibuja una irregularidad tras otra. Hubo seguimiento de coches encubiertos de Policía y Guardia Civil, transmisión de información falsa, pacto con varios alcaldes para permitir el voto con normalidad e incautación de urnas cuando ya estaba hecho el recuento. Para mayor burla, se anunció el decomiso de una urna que era, en realidad, la rifa de gigantes y cabezudos del pueblo.
Ágora 100: Nos había parecido que si veíamos movimientos, compañeros de la Guardia Civil ¿lo dijésemos?
Sala de coordinación: Sí, sí.
Ágora 100: Vale, pues en nuestra posición la rotonda grande de Vielha, seis vehículos hacia Boca Norte, o se,a sería en dirección Pont de Suert.
Sala: ¿Banderins [Guardia Civil] ha dicho?
Ágora 100: Once, once. Afirmativo.
Tras analizar estas conversaciones, los agentes encargados de investigar el caso consideran que hubo una instrucción previa para que todos los mossos dijeran lo mismo por la radio: que los colegios estaban plagados de gente en actitud pacífica, de niños y personas mayores con sillas de ruedas, y que por eso no pudieron acceder a ellos.
La conclusión final de los investigadores es que los mossos se coordinaron con políticos locales, funcionarios del cuerpo de bomberos y otros trabajadores dependientes de la Generalitat para asegurar la celebración del referéndum, aunque eso pusiera en riesgo tanto a los ciudadanos que allí se encontraban como a sus compañeros de otros cuerpos, que se vieron obligados a intervenir para tratar de cumplir las resoluciones judiciales que ellos obviaron.