El ministro Grande-Marlaska confirma el acuerdo secreto de Sánchez con el independentista Torra
Pedro Sánchez asoma la patita y comienza a pagar las facturas secretas que firmó con proetarras y golpistas (El ministro Grande-Marlaska confirma el acuerdo secreto de Sánchez con el independentista Torra).
No le queda otra, porque los que le metieron en La Moncloa exigen su compensación y la presión sobre el Gobierno socialista, para que haga gestos en materia de política penitenciaria, se intensifica. Y de forme simultanea en dos frentes: Cataluña y el País Vasco.
El pasado 13 de junio de 2018, el Parlamento vasco instaba al nuevo Ejecutivo a dar los primeros pasos para poner fin a la dispersión de los presos etarras que lo pidan de manera individualizada y reconozcan el daño causado.
Los socialistas, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, con la sola oposición del PP, reclamaron otra política penitenciaria después del final de las acciones de ETA y tras la disolución de la banda asesina.
Pues bien, este reclamo fue contestado este 15 de junio de 2018 por la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros reconoció que «cuando cambian las circunstancias, hay que valorar otras políticas».
Celaá confesó que el tema en cuestión no se había tratado en la reunión y emplazó a próximas citas en las que «seguro» se abordaría.
El Ejecutivo también valora, parapetándose tras pringosas cuestiones de «humanidad», trasladar a los golpistas presos por sus marrullerías el «procés» a cárceles catalanas.
Una decisión que no se plantean adoptar de manera inmediata para que no se asocie con los votos recibidos por los partidos independentistas en la moción de censura y que le generaría desgaste y el consiguiente reproche de la oposición -PP y Ciudadanos-.
Para dilatar la toma de decisiones, el Gobierno socialista se ha escudado en el argumento de que mientras continúe la fase de instrucción, la competencia para decidir sobre el traslado de los presos a prisiones próximas a sus domicilios -cuando éstos están en prisión preventiva- corresponde al juez instructor «para mayor seguridad y para facilitar la tarea judicial».
Una vez concluidas las diligencias de la instrucción, la competencia pasa a Instituciones Penitenciarias.
Sin embargo, el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, devolvió la pelota al tejado del Ejecutivo señalando que esa potestad no es suya, sino de Instituciones Penitenciarias.