Pedro Sánchez, tras el varapalo de Alemania: "Lo importante" es que Puigdemont sea juzgado en España
‘Verdes las han segado‘, que dice un viejo aforismo español, al que se recurre históricamente para dejar patente al otro que por ahí no hay paso.
El presidente del Gobierno tiene mucha prisa y muy pocos principios sólidos o valores firmes.
Lo que quiere Pedro Sánchez es aferrarse al cargo y para ello cree que le conviene pasar página lo antes posible, normalizar la cuestión catalana y empezar a ofrecer «respuestas políticas a una crisis política», y a cualquier precio.
Lo dejó claro el pasado lunes en La Moncloa con Quim Torra y lo repitió este jueves en Bruselas, en referencia a Carles Puigdemont, tras conocer que la Justicia alemana sólo ofrecerá la extradición del ex presidentpor un delito de malversación.
Si ello significa conformarse con los mínimos y que se le juzgue por delitos menores, es un precio que está dispuesto a pagar. Quien no parece estar dispuesto a ello es el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que rechazará la entrega sólo por este delito y dejando fuera la rebelión.
Pedro Sánchez estaba este 12 de julio de 2018 en Bruselas, su tercera visita en apenas unas semanas, para asistir a la Cumbre de la OTAN.
Preguntado sobre la sentencia germana, Sánchez se puso de perfil todo lo que pudo y más, dentro de esa estrategia claramente esbozada para abrir un diálogo con el independentismo y limar asperezas.
«Cuando era líder de la oposición y ahora como presidente del Gobierno tengo la misma máxima: las resoluciones judiciales no se califican, se respetan, y esto hace este Gobierno, sea en España, en Bélgica, Alemania o donde sea».
Como subrayan PABLO R. SUANZES y MANUEL MARRACO en ‘El Mundo’ este 13 de julio, Sánchez y su Ejecutivo se han pronunciado sin ningún problema sobre sentencias como la del caso de La Manada, y de forma muy crítica, pero esta vez creen que tienen poco que ganar si opinan abiertamente.
«Lo importante en términos de Justicia es que aquellas personas involucradas en los hechos del último semestre de 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles, y eso va a ocurrir», añadió Sánchez.
Sus palabras son lo suficiente vagas como para abrir diversas interpretaciones. La más clara es que parece que la prioridad de su equipo es que Puigdemont pase por una corte española y cuanto antes mejor, aunque efectivamente no sea por rebelión. Aunque eso implique aceptar que sean cortes belgas o germanas las que marquen por qué delitos puede ser procesado y se fije un precedente muy peligroso.
Pero, además, Sánchez dio a entender también que estaba seguro de que pasaría, de que Puigdemont volverá a España, algo impensable si no es extraditado.
«Lo único que espera la sociedad de su Gobierno no es calificar las resoluciones judiciales, es respetarlas».
«España es un estado democrático y de derecho, al poder ejecutivo lo del ejecutivo y al judicial lo del judicial. No tenemos nada más que hacer salvo acatar».
El portavoz del PP y vicepresidente primero del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en cambio, elevó el tono y lanzó la petición más drástica de todas.
Desde Bruselas, reclamó a Pedro Sánchez que suspenda en España la aplicación de la euroorden y del Acuerdo de Schengen.
«Exijo al presidente que suspenda la aplicación del Acuerdo de Schengen en España como han hecho tantas veces otros países de la UE hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve».
El Supremo rechazará juzgarlo sólo por malversación
Por su parte, el Tribunal Supremo no aceptará la entrega de Puigdemont sólo por malversación. Fuentes próximas al tribunal explican que el magistrado Pablo Llarena maneja dos opciones principales y ambas pasan por rechazar la oferta del tribunal alemán.
La primera es la retirada de la euroorden sin mayor trámite que dictar el auto correspondiente y comunicárselo a las autoridades germanas.
La segunda, llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que aclare si la Decisión Marco que puso en marcha la euroorden permite el análisis del caso que ha hecho el tribunal de Schleswig-Holstein. Una respuesta contraria a la petición de colaboración judicial de España desembocaría también en la retirada de la euroorden.
Tras la primera negativa alemana a entregar por rebelión, el pasado abril, Llarena comenzó a estudiar la opción de presentar una cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo ante el «exceso» en el que habría incurrido el tribunal alemán. El magistrado está estudiando el asunto, que resolverá cuando cuente con la resolución alemana.
En escritos posteriores el magistrado ha sostenido:
«Alemania sólo podría denegar la entrega si los hechos por los que se ha emitido la orden de detención europea no son constitutivos de ningún tipo de infracción penal en su territorio. Entendemos que eso es lo que se recoge en la Decisión Marco».
Cuando retiró la euroorden tramitada en Bélgica, el juez rechazó que las limitaciones de otros países impidieran una «respuesta homogénea» y forzaran a acusaciones distintas por unos mismos hechos.
Sin una euroorden sobre su cabeza, Puigdemont no correría el riesgo inmediato de ser entregado mientras permaneciera en Alemania. Si viajara a otro país se podría reactivar la reclamación para que la resolvieran esos nuevos tribunales.
En el caso de que volviera a España voluntariamente no habría problema para detenerlo y juzgarlo por rebelión. El ex president debería esperar 20 años, el plazo de prescripción del delito de rebelión, para regresar a España con tranquilidad.
Sobre el papel, la opción de aceptar una entrega sólo por malversación podría acabar con una condena elevadísima. Al haberse superado la cifra de 250.000 euros supuestamente malversados, las penas oscilarían entre los seis y los 12 años de prisión.
Eso sí, al tratarse de un delito económico, Puigdemont podría maniobrar restituyendo lo supuestamente malversado, lo que casi cerraría la puerta a prisión provisional y serviría para reducir drásticamente la pena.
En favor de la tesis de resignarse a la entrega por malversación estaría que hacerlo no libraría definitivamente a Puigdemont de ser juzgado también por rebelión. La ley establece que, una vez que recobre la libertad de salir de España, si permanece 40 días dentro de nuestras fronteras desaparece la limitación de los tribunales alemanes y podría ser juzgado por rebelión.
Eso sí, asumir la tesis alemana supondría que hasta entonces se habría levantado la suspensión de sus funciones como diputado, lo que le permitiría recuperar la Presidencia de la Generalitat.
También la Fiscalía se ha mostrado partidaria de acudir al Tribunal de la UE. En abril, al día siguiente de conocerse que el tribunal no preveía aceptar la entrega por rebelión, la Fiscalía informó de que en caso de la negativa fuera definitiva «estudiará la eventual posibilidad de ejercitar las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo relativas a la OEDE [Orden Europea de Detención y Entrega] ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Eso sí, la afirmación se produjo con Julián Sánchez Melgar como fiscal general.
Los cuatro fiscales del caso son los mismos, pero el cambio de Gobierno ha provocado que al frente del Ministerio Público se encuentre ahora María José Segarra.
