El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), José Vargas, ha anunciado que su entidad estudia pedir la imputación de la alcaldesa Ada Colau, en la causa que instruye el juez Fernando Andreu sobre los atentados yihadistas del 17A, por no instalar bolardos en Las Ramblas como había aconsejado el Ministerio de Interior.
“El Ministerio de Interior había recomendado esta medida de seguridad, después de que las autoridades españolas y los Mossos d’Esquadra recibieran una alerta de que existía un serio riesgo de atentado yihadista, concretamente en Las Ramblas de Barcelona, pero la alcaldesa se negó afirmando que Barcelona es una ciudad segura“.
“Quizá es hora de exigir responsabilidades penales a Colau por no haber adoptado esta medida de protección, que podría haber salvado muchas vidas”.
También el sindicato de funcionarios CSIF ha subrayado este 16 de agosto de 2018 la responsabilidad de Colau por negarse a colocar balizas para proteger el recorrido de Las Ramblas.
“La alcaldesa Ada Colau conocía, no sólo por su propia Guardia Urbana, sino por el propio Ministerio de Interior, la necesidad de poner bolardos u otros elementos de protección en zonas de riesgo por la posible comisión de un atentado yihadista”.
“De haber tomado las medidas oportunas, las víctimas de Las Ramblas no se hubiesen producido, por lo menos en ese lugar, que todos sabíamos que era sensible. El tiempo nos ha dado la razón, y ahora hay medidas de seguridad”.
Con motivo del aniversario de los atentados de Las Ramblas y Cambrils, el sindicato de funcionarios se ha sumado a las muestras de homenaje a las víctimas y ha expresado su reconocimiento por la labor que desarrollaron todos los servicios de seguridad y emergencias para salvar vidas y atender a las víctimas en aquellas trágicas horas.
Especialmente, a la Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las distintas policías locales, según recoge M.A. Ruiz Coll en okdiario.
Pero ha lamentado que “un año después del atroz atentado yihadista, la seguridad de Barcelona sigue gravemente comprometida”.
El sindicato CSIF considera que los medios de la Guardia Urbana deben mejorarse (con “armas largas, taser y lanzadoras”) y su plantilla ha de incrementarse en cerca de un millar de agentes, desde los 2.900 actuales hasta los 3.800.
Además, señala el CSIF, deben garantizarse las medidas de seguridad interior y exterior de las comisarías y sus agentes deben recibir una formación adecuada en los ámbitos de “asistencia sanitaria, reacción policial y prevención”.
El CSIF se muestra además partidario de que la Guardia Urbana cuente con canes adiestrados para la detección de explosivos, con el fin de anticiparse a situaciones de riesgo como la vivida hace un año.
VÍDEO DESTACADO: Ada Colau dándoselas de actriz
