Es de traca y resulta un insulto para el común de los españoles. Pablo Iglesias se benefició de unas prebendas más que irregulares en su visita a Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners en la tarde del 19 de octubre de 2018 –El autozasca que revienta al ahora super escoltado Iglesias: «Los policías son matones al servicio de los ricos»-.
Resulta que, contraviniendo lo establecido por Instituciones Penitenciarias, el líder de Podemos nunca podría haber tenido un vis a vis con el golpista Junqueras, al menos no en la manera en la que este tuvo lugar, en una sala sin separación de ningún tipo –Losantos cruje a Borrell por decir que desconoce de qué hablarán Iglesias y Junqueras: «Este es un sinvergüenza»-.
Y todo porque a Iglesias se le dio un rango de autoridad del que carece por completo, según el artículo 49 del Reglamento Penitenciario, tal y como aclara Confilegal. Ese concepto de autoridad no incluye a los diputados nacionales como Iglesias. Y tampoco al presidente del Gobierno, a la ministra de Justicia o los presidentes del Congreso y del Senado; no serían autoridades en este caso –El pasteleo a tres bandas Sánchez-Iglesias-Junqueras es una infamia para la democracia española-.
El Reglamento Penitenciario identifica, de forma expresa, como «autoridades judiciales» -con el adjetivo expreso de «judiciales- a los jueces y a los miembros del «Ministerio Fiscal»; también al «Defensor del Pueblo o delegados» o «instituciones análogas de las Comunidades Autónomas».
«Los Notarios, Médicos, Ministros de Culto y otros profesionales acreditados, cuya presencia haya sido solicitada por algún interno por conducto de la Dirección del Establecimiento para la realización de las funciones propias de su respectiva profesión, podrán ser autorizados para comunicar con aquél en local apropiado», se puede leer en el punto 4 de este artículo.
Por tanto, la visita de Iglesias ha sido una gran irregularidad porque no es una autoridad expresamente autorizada para comunicar con un preventivo, ni tampoco es su letrado. La única forma de comunicar con estos presos preventivos es a título de amigo y previa autorización del director –¿Qué te has fumado, Sostres? El de ABC culpa a Albert Rivera de la esperpéntica reunión entre Iglesias y Junqueras-.
Según una fuente autorizada, en declaraciones a Confilegal, sentencia que:
Iglesias tendría que haberse sometido a todos los controles ordinarios, como no introducir teléfonos móviles, y celebrar la comunicación en un locutorio acrisolado y dentro del horario regimentar aprobado por las normas de régimen interno. Es evidente que ha habido un trato de favor y una violación de las normas penitenciarias vigentes. Podrían haber graves infracciones jurídicas administrativas e incluso penales.
El líder de Podemos se entrevistó con los mismos privilegios que una autoridad judicial -lo que no es-, fuera de un locutorio, en un cara a cara, por lo que parece ser una interpretación demasiado laxa del Reglamento Penitenciario y que hace que el podemita haya podido incurrir en un delito de usurpación de funciones, sobre lo que sería competente el Tribunal Supremo, al ser aforado –Una diputada del PP logra sacar a Rufián de sus casillas con un soberbio palo a Junqueras y recadito de propina a Pablo Iglesias-.
Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72