Llueve sobre mojado para el PSOE.
Ante la creciente ola de protestas contra su nefasta gestión sanitaria, el Gobierno de Pedro Sánchez también ‘padece’ las consecuencias legales de sus actos más irresponsables.
El delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, fue imputado por permitir la manifestación feminista del 8-M en Madrid.
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, del que es titular la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, anunció que el socialista deberá prestar declaración el próximo 5 de junio.
El mismo día deberán testificar el secretario General de la Delegación del Gobierno en la capital, Fernando Talavera Esteso, el jefe de la misma, Luis María Sánz Moríñigo y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, pidió al médico forense responsable del caso que revise su dictamen del pasado 19 de abril para ampliar el mismo «si lo considerase preciso».
Una medida que se aplica a la vista del reciente informe presentado por los investigadores de la Guardia Civil, donde se acreditó como «cierto y seguro» que las marchas del 8-M influyeron en la difusión del coronavirus.
La imputación se conoce pocas horas después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska destituyera por «pérdida de confianza» al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos.
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil encontró indicios de que tanto el Ministerio de Sanidad como el Gobierno conocían la gravedad del virus que ya se expandía sin control por España.
Lejos de cancelar las aglomeraciones, se permitió realizar 480 marchas feministas en todo el país, en las que según datos oficiales de las Delegaciones del Gobierno participaron más de 600.000 personas, de las cuales 120.000 de ellas sólo en Madrid.
Luz verde en Madrid
El delegado del Gobierno en Madrid dio luz verde a esta última en la que participaron varias ministras que, posteriormente, dieron positivo por coronavirus.
Así como le ocurrió a la vicepresidenta Carmen Calvo (que demostró su pasión por la sanidad privada), la ministra de Igualdad, Irene Montero (que derrochó test diagnósticos a voluntad), y la de Política Territorial, Carolina Darias.
El delegado del Gobierno de España en Madrid, el socialista José Manuel Franco, estaba siendo investigado desde hace varias semanas por la juez Carmen Rodríguez-Medel por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional, tras permitir la manifestación del 8M en la capital.
Si bien la magistrada descartó finalmente las lesiones imprudentes, continuará la causa abierta este lunes 25 de mayo contra Franco, por prevaricación.
Más de 7.000 españoles piden justicia
El abogado Víctor Valladares presentó el jueves 26 de marzo la denuncia ante el Tribunal Supremo a través de LexNet personado con un procurador, según logró conocer Periodista Digital.
A la denuncia de prevaricación administrativa por omisión está previsto que se adhieran más de 7.000 españoles que se han sentido, de alguna manera, afectados por la gestión del gobierno del PSOE y Podemos de la crisis sanitaria del coronavirus.
Víctor Valladares adelantó a este medio que, para canalizar el volumen de los ciudadanos que quieren participar en la causa legal, “se está creando una asociación que ya cuenta con los estatutos redactados, a la espera de poder formalizarla”.
La demanda, que inicialmente también acusaba de prevaricación a los delegados del Gobierno de las 17 Comunidades Autónomas por autorizar las marchas feministas del 8M, fue presentada el pasado 19 de marzo ante el Juzgado de Guardia de la Plaza Castilla de Madrid.
Sin embargo, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, debido a que se trata de la institución correspondiente, ya que Pedro Sánchez tiene la condición de aforado.
Víctor Valladares adelantó que se han realizado unas ligeras modificaciones en el texto que se ha presentado ante el Tribunal Supremo.
En este sentido, la denuncia “se dirige sólo contra Pedro Sánchez”, pero también “se amplía el tipo delictivo tomando como base el auto del JI 51 de Madrid” y se “amplían las diligencias de prueba tomando como base también el citado auto”.
La denuncia exige que se contemple la responsabilidad de Pedro Sánchez al permitir que se celebrasen las manifestaciones del 8M, pese a tener en sus manos un informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que advertía del riesgo para la salud pública de organizar actos con alta afluencia de personas.
