Pocas horas después de ordenar a Grande-Marlaska fulminar al coronel de los Cobos

Sánchez ordena a la Abogacía del Estado cargar contra la juez del 8-M acusándola de abrir una ‘causa general’

Es la misma magistrada que puso contra las cuerdas a Pablo Casado por la causa del máster

Sánchez ordena a la Abogacía del Estado cargar contra la juez del 8-M acusándola de abrir una 'causa general'
La jueza Carmen Rodríguez-Medel y el ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska. PD

Se han puesto muy nervioso Pedro Sánchez y pocas horas después de ordenar al siempre solícito Fernando Grande-Marlaska fulminar al coronel de los Cobos, para que sirviera de ‘escarmiento’ a los que osan criticar al Gobierno socialcomunista, se puso en contacto el número 45 de la calle San Bernardo de Madrid.

Allí está la sede de la Abogacía General del Estado. Y en términos que desconocemos, pero que cualquiera puede imaginar, impartió instrucciones para que se iniciase la carga contra la juez Carmen Rodríguez-Medel.

Los efectos han sido inmediatos. La Abogacía del Estado tiene el rango de una Subsecretaría y está integrada en el organigrama del Ministerio de Justicia.

En teoría y como indica su nombre, no representa ni los intereses del partido político que está en el Gobierno ni los del propio Ejecutivo, sino los de la Administración General del Estado, pero a la hora de la verdad, las cosas no son tan claras.

Tiene independencia técnica, pero no es completamente independiente.

Y la prueba es que este 27 de mayo de 2020, la Abogacía del Estado sale diciendo que la juez Rodríguez-Medel, que investiga la posible prevaricación del delegado del Gobierno en Madrid por permitir manifestaciones masivas como la marcha feminista del 8 de marzo pese al avance del coronavirus, ha abierto una «auténtica causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Eso reza el recurso de apelación que ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, contra la apertura de la propia causa.

El recurso, que se ha presentado pero aún no se ha tramitado por falta del informe al respecto de la Fiscalía, se dirige contra el auto de apertura de la causa que Rodríguez-Medel dictó el pasado 23 de marzo, cuando a instancias de la denuncia de un particular, acordó investigar a José Manuel Franco por un delito de prevaricación y otro de lesiones por imprudencia, si bien en una decisión posterior suprimió esta última imputación por falta de indicios

A lo largo de 18 páginas, el escrito firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane acusa a la juez de haber vulnerado el derecho a la defensa del delegado del gobierno promoviendo una investigación «prospectiva» en busca de indicios de delito y no de esclarecer los que presuntamente hubiera, desde el momento mismo en que admitió a trámite aquella querella, que considera deficiente.

Señala en este sentido que, para empezar, el auto se dictó estando los plazos de instrucción suspendidos y las actividades judiciales restringidas a los asuntos esenciales, como las causas con preso o con afectación a derechos fundamentales, de modo que la juez iba tomando decisiones sin que las partes, incluida la defensa de Franco, pudieran pronunciarse.

Habla así de una «injustificada incoación» del asunto, pero también de la decisión de la juez de practicar diligencias de investigación «sin que hubiera urgencia alguna, suspendiendo además el plazo para recurrir» precisamente por esa situación excepcional de parálisis derivada del estado de alarma.

EL PERFIL DE LA JUEZ

Carmen Rodríguez-Medel es la misma juez que puso contra las cuerdas a Pablo Casado por la causa del máster, que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos durante el curso 2008-2009 y que el Supremo terminó archivando al no apreciar «indicios consistentes» de su participación delictiva.

Por las manos de Rodríguez-Medel también pasó la tesis de la exministra Carmen Montón e imputó a la expresidenta de la Comunida de Madrid Cristina Cifuentes por el caso del máster.

Antes de llegar a Madrid, la magistrada se fajó en dos investigaciones contra la corrupción urbanística. Desde los juzgados de Marbella, Rodríguez-Medel instruyó la primera pieza del caso Minutas, que condujo a la condena de José María del Nido, y el caso Malaya. En una de las causas urbanísticas que investigó estuvo involucrado el actor Sean Connery.

Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1995 y forma parte a la Asociación Profesional de la Magistratura, el colectivo mayoritario de jueces, de corte conservador.

Asesora del director general de Relaciones con la Justicia, con Rafael Catalá de ministro, trabaja alejada de asuntos políticos. Estudió la carrera de Derecho en un grupo especial y es doctora en la materia. Es nieta del comandante de la Guardia Civil José Rodríguez-Medel, a quien las tropas franquistas asesinaron el 18 de julio de 1936 en Navarra cuando intentaba frenar la sublevación.

 

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