La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no se puso este jueves de acuerdo sobre la propuesta del Gobierno Zapatero de alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, pero decidió por mayoría recomendar al Ejecutivo que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión.

Casualmente, esta recomendación no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones.

ELEVAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

La reforma Zapatero, como explica Javier González Navarro en ABC, elevará de 15 a 20 años los años necesarios para percibir el 50% de la jubilación.

Esto supondrá un recorte de las pensiones del 5%, según USO, y un ahorro de 10.000 millones para la Seguridad Social, según el Ministerio de Economía.

Todos estos recortes no afectarán a los 350 diputados y a los 264 senadores españoles, que mantendrán el privilegio de cobrar el 100% de la pensión en el momento que superan los 11 años de actividad parlamentaria.

Es más, si cualquier trabajador necesita cotizar a la Seguridad Social 15 años para cobrar una pensión, mejor dicho, solo el 50% de la misma, sus señorías con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras ya tiene derecho a percibir el 80% de su pensión. Ese porcentaje se eleva al 90% si cotizan 10 o 11 años.

Además, mientras un trabajador no puede jubilarse antes de los 61 años y, a partir de esa fecha y hasta los 65 se le restará anualmente entre un 6% y el 8% del importe de la pensión, sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, según recoge el reglamento de pensiones parlamentarias de 11 de julio de 2006.

MEDIDAS DOLOROSAS

La estructura demográfica española hace insostenible la situación actual, en la que cada trabajador ha de responsabilizarse progresivamente de un mayor porcentaje del gasto en pensiones.

El camino hacia el colapso estaba recorrido en buena medida y ha llegado el momento de asumir decisiones dolorosas, necesarias e inaplazables.

El acuerdo entre PSOE y PP requiere un discurso político y social que lo legitime ante los ciudadanos, que son los que tienen que asumir las consecuencias de un descenso de la población activa y un incremento de la pasiva.

El resultado final, se llegue por el aumento de la edad de jubilación o del período de vida laboral computada, va a ser el mismo: cobrar menos pensión.

UN DISCURSO LEGITIMADOR

El discurso legitimador es imprescindible, porque los sacrificios que se piden a los ciudadanos son muy gravosos.

Pero no bastan las palabras. En España son imprescindible medidas de regeneración de la clase política.

Uno puede entender que, en ciertos supuestos, un político reciba una cantidad indemnizatoria, temporalmente limitada, hasta que se reintegre a la vida profesional.

Pero si al ciudadano se le anuncia que su pensión se va a calcular no sobre quince años, sino sobre veinte o veinticinco, es necesario que el pacto sobre pensiones incluya una revisión de las que cobran, en su cuantía máxima, muchos altos cargos después de pocos años de actividad.

No se trata de un reajuste demagógico, ni de castigar a la clase política, sino de demostrar con hechos que los esfuerzos contra la crisis incumben a todos.

Mantener privilegios, que muchos ciudadanos consideran abusivos o inmerecidos, no es la mejor manera de recabar el sacrificio de los ciudadanos.