En el orden del día de la sesión plenaria de este 13 de septiembre de 2011 en el Congreso, con ocho puntos, no había ni una sola iniciativa sobre el drama del paro o un ligera sugerencia relacionada con lo que deberíamos hacer para sacar a la economía española del marasmo.

Pero -como subraya Mariano Calleja en ABC- sí se discutió, y mucho, sobre el uso del catalán y el castellano en Cataluña.

Los independentistas de ERC impulsaron un «frente catalanista», como lo denominó su portavoz, Joan Ridao, al que se sumó rápidamente el Grupo Socialista, y que dejaba fuera al PP.

«No le hemos trasladado nuestra propuesta, porque sabemos de antemano que está radicalmente en contra», explicó Ridao, para justificar la exclusión del principal grupo de la oposición incluso en las conversaciones previas al acuerdo.

La enmienda aprobada, sobre una moción con medidas urgentes de reconocimiento de la identidad y la lengua catalán, llegó a la Mesa firmada por los representantes de ERC, CiU, IU-ICV y el PSOE.

La iniciativa, convertida en "cordón sanitario nacionalista en torno al PP españolista", coincidió este martes con la presentación de un recurso por la consejería de Educación de la Generalitat contra el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ordenando que se ejecute la sentencia del Supremo de diciembre de 2010 sobre el castellano y la enseñanza en esa comunidad autónoma.

Lo peor del asunto es que a plena luz del día, sacando pecho, lo que anuncian las autoridades autonómicas catalanas es un abierto desacato a la resolución del Tribunal Supremo con el argumento de que las leyes aprobadas por el Parlamento catalán están por encima de la máxima instancia del poder judicial.

No hay más que leer este documento para darse cuenta de que lo que hace y pretende la Generalitat es excluir al castellano del sistema educativo.

Dice el recurso que el Supremo «se ha arrogado una potestad de la que no dispone» al tratar de «impedir la aplicación de una norma vigente», que es la ley de Educación de 2009.

Hecha esta aseveración, la Generalitat considera que la sentencia cuya aplicación se le exige ya ha sido ejecutada desde el momento que se le ofreció al padre que pedía educación en español «una atención lingüística individualizada» y que, por tanto, no tiene por qué cumplir el mandato de «adaptar el sistema de enseñanza» a los principios constitucionales en el plazo de dos meses como exige el Supremo.

Desde la primera línea a la última, el recurso de la Generalitat es un ejemplo de ese neolenguaje orwelliano en el que la mentira se convierte en verdad y la propaganda intenta encubrir la realidad.

Así, el recurso llama «conjunción lingüística» al actual modelo de inmersión obligatoria que relega el castellano a la marginalidad.

Yendo más lejos todavía, señala que los niños llegan a la escuela con «un acreditado déficit de conocimiento del catalán».

Si esto fuera así, la política de inmersión de la Generalitat, iniciada a principios de los años 80, habría sido un completo fracaso y estaría produciendo los efectos contrarios de lo que pretendía.

Pero el cinismo de la Generalitat llega a extremos de maldad cuando afirma que el sistema educativo impide la separación de la comunidad escolar en grupos idiomáticos y luego presenta como prueba de que se garantiza el derecho a aprender en castellano el hecho de que las familias que lo piden tienen profesores de apoyo individual para sus hijos, que son segregados del resto de la clase y estigmatizados por apartarse de la pauta de todo buen catalán.

La Generalitat hace de sus tesis una profecía autocumplida cuando cita los informes de su Agencia de Evaluación para intentar demostrar que los escolares en Cataluña acaban con el mismo dominio del catalán que del castellano, lo cual es imposible teniendo en cuenta la abrumadora hegemonía de un idioma sobre otro en la escuela.

Como subraya el diario 'El Mundo' en su editorial, queda muy claro en este recurso que la Generalitat no va a acatar jamás las disposiciones de los tribunales en materia lingüística, por lo que resulta una vergüenza el apoyo del PSOE a una moción parlamentaria de ERC y CiU en la que se dice que el modelo catalán es «un ejemplo de cohesión social y de plena igualdad de oportunidades».

Sólo por esta traición a los valores constitucionales ya merecería un castigo ejemplar en las urnas este partido que parece haber olvidado lo que significa su último apellido.