La presunta negligencia del Gobierno socialista en la pasada legislatura respecto a contar la verdad de la situación económica española y del déficit real puede no caer en saco roto.

El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid ha dictado una providencia, fechada el 4 de junio y notificada a las partes el día 7, por la que acuerda abrir diligencias previas en el procedimiento abreviado 1895/2012 contra el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la ex vicepresidenta económica Elena Salgado.

Esto significa que el magistrado, Enrique de la Hoz García, abre una investigación penal contra ambos dirigentes por "un presunto delito de falsedad en documento público y otro de daños a la economía nacional", según la denuncia que presentó hace más de un mes la acusación popular Manos Limpias.

En la misma resolución judicial se comunica a este sindicato que el escrito de denuncia debe transformarlo en querella y depositar una fianza de 3.000 euros.

En este sentido, Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, aseguró que "en los próximos días presentará la querella en el juzgado". Al mismo tiempo, resaltó que "impugnará la cuantía de la fianza por ser excesiva y desproporcionada".

Así las cosas, el juez De la Hoz ha dado traslado de los hechos denunciados por Manos Limpias al Ministerio Fiscal para que presente el preceptivo informe. Y es que los acontecimientos narrados en el escrito acusatorio hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.

Según los denunciantes, "Bruselas, después de requerir al Gobierno español toda la documentación referente al ejercicio 2011, constata que el Ejecutivo de Zapatero no sólo no cumplió con sus compromisos con los socios europeos, sino que ocultó y falseó la realidad de las cuentas públicas, tanto a la sociedad española como a los mercados nacionales e internacionales".

De esta manera, "Europa, a través de Bruselas, confirmó el engaño contable del Gobierno de Zapatero al ponerse de manifiesto un agujero extra en el déficit de más de 26.000 millones de euros". Todo indica que, de acuerdo con los datos que se han hecho públicos, "se manipularon y se ocultaron liquidaciones negativas", según los denunciantes.

Irregularidades
Asimismo, entre la documentación que se ha aportado al juez destaca la que hace referencia a que se "contabilizaron como ingresos del Estado 23.000 millones de euros que los entes territoriales tenían que haberle abonado al Estado en 2011 por derechos reconocidos, pero no aparecieron como gastos de comunidades autónomas y ayuntamiento".

Los hechos denunciados están tipificados en el artículo 390 del Código Penal que se refiere a la falsedad en documento público.

Castiga con "pena de prisión, multa e inhabilitación a la autoridad o funcionario público que simule un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad o falte a la verdad en la narración de los hechos".

En su día, funcionarios de Eurostat apoyaron esta denuncia al tratarse de un "fraude masivo" realizado por miembros del Gobierno socialista.

Denunciado también por prevaricarLos secretarios generales del sindicato vasco ELA y del gallego CIG presentaron ayer en el Tribunal Supremo una denuncia por presunta prevaricación por omisión y delitos societarios contra los ex gobernadores del Banco de España Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordóñez; y contra los presidentes que han ocupado el Gobierno desde 1996, como Aznar, Rodríguez Zapatero y el actual Ejecutivo de Rajoy.

NOTA.- leer artículo original en 'La Gaceta'