Entre los apercibidos, un delegado del Gobierno, dos secretarias generales y tres embajadores.

Un total de 11 ex altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han incumplido su obligación de presentar después de su cese la declaración patrimonial y de actividades que establece la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Así lo confirma un informe de la Oficina de Conflictos de Intereses, en el que se indica que entre los altos cargos de Zapatero que no han presentado las declaraciones en el plazo previsto en la norma se encuentran las ex secretarias generales de Infraestructuras Inmaculada Rodríguez-Piñero -actual diputada y secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE- y de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano.

El ex delegado del Gobierno en Baleares Ramón Socias y los ex embajadores en la República de Gabón César Alba Fuster, en Alemania Rafael Dezcallar de Mazarredo y ante la UNESCO Ion de la Riva son otros de los ex altos cargos que aún no han presentado declaraciones de bienes y actividades.

Otros de los miembros del anterior Gobierno apercibidos son el ex director de la Fundación ICO Carlos Álvarez; la ex delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas Nuria Espi de Navas; el ex director del gabinete de la ministra de Defensa Joaquín Fernández Núñez; el ex consejero delegado de ENISA José Enrique Gómez Espinar y el ex director del Instituto de Estudios Fiscales José María Labeaga.

Declaraciones al nombramiento y al cese

Según la Ley de 2006, los altos cargos están obligados a presentar una declaración de las actividades que desempeñen así como de aquellas que vayan a realizar una vez que hubiesen cesado en el desempeño de los cargos.

También deben formular una declaración patrimonial de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones. El plazo para la presentación de ambos informes es de tres meses siguientes a las fechas de toma de posesión y cese.

El número de altos cargos obligados a formular declaraciones patrimoniales y de actividades es de 689, según consta en el último informe de la Oficina de Conflictos de Intereses, que indica que desde que cesó el anterior Gobierno, el 20 de diciembre de 2011, hasta el 30 de junio de este año se han recibido 639 declaraciones al nombramiento, de las cuales 317 son de actividades y 322 de bienes, así como 716 al cese, de las que 358 son de actividades y 358 de bienes.

Recordatorios, requerimientos y sanciones

En el informe, que ha sido remitido al Congreso, se apunta también que en este primer semestre de Gobierno del PP la Oficina de Conflictos de Intereses ha tenido remitir un total de 47 recordatorios por falta de declaración al nombramiento, de los cuales ya han sido contestados 46, así como 102 recordatorios de cese, de los que se han resuelto 84.

Después de la fase de recordatorio se emiten los requerimientos: en dicho periodo, la Oficina, que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, efectuó dos de nombramiento que ya han sido contestados, además de 19 que corresponden a la declaración de cese, de los cuales han sido contestados 14.

Una vez cumplidas las dos fases anteriores, la Oficina de Conflictos de Intereses puede acometer sanciones contra los altos cargos incumplidores.

Hasta el 30 de junio había dos expedientes sancionadores en tramitación, si bien el informe no especifica quiénes son los afectados ni detalla si se ha abierto por ese motivo o por haber incurrido en algún supuesto de incompatibilidad.

Un tercer expediente de ese semestre se ha resuelto ya y sin imponer sanción, ya que la instrucción realizada concluyó que la persona afectada no había vulnerado la ley voluntariamente.