Crece la tesis de que Mariano Rajoy, a pesar de ganar las elecciones del 20-D, debería echarse a un lado.

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Crece la tesis de que Mariano Rajoy, a pesar de ganar las elecciones del 20-D, debería echarse a un lado.

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El fantasma de la corrupción cae como una bomba sobre las negociaciones entre PP y Ciudadanos

Los populares esperan que el caso no influya y los naranjas dicen que condiciona el diálogo

Periodista Digital, 26 de enero de 2016 a las 21:57

La detención de Alfonso Rus y de otros 23 cragos del PP valenciano, acusados de amañar contratos y de montar una trama de corrupción a cuenta del dinero público, ha sentado como una patada en las pelotas a Mariano Rajoy y al equipo de La Moncloa que sondea a estas horas caminos para evitar que Pedro Sánchez y los podemitas se hagan con el poder en España.

La conmoción es notable en la familia popular, pillada con los pntalones bajados en mitad de las negociaciones para intentar formar Gobierno.

Los casos de corrupción han hecho más daño al partido que las propias medidas contra la crisis, según el propio presidente del Gobierno. Ahora le toca gestionar otra vez este fantasma y muy cuesta arriba, porque crece la tesis de que Mariano Rajoy, a pesar de ganar las elecciones del 20-D, debería echarse a un lado.

La Guardia Civil lanzó este martes 26 de enero de 2016 una operación contra la corrupción centrada en Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron gobernados por el PP, la Diputación provincial y la Generalitat.

Entre los 24 detenidos se encuentra Alfonso Rus, el expresidente de la diputación y exalcalde de Xàtiva.

Además, ha sido arrestado Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus en la diputación valenciana y María José Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Alcón está casada con Alfonso Grau, el exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgando en Palma en el caso Nóos.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, también ha sido imputado (investigado en la nueva denominación judicial). La investigación apunta, además, según confirman fuentes de la misma, a la exalcaldesa Barberá y al exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps.

Un bombazo que cae justo a las 24 horas de de conocerse este lunes que el presidente del Gobierno y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, habían acordado iniciar conversaciones para buscar la gobernabilidad.

Los populares y los naranjas quieren explorar "fórmulas" para evitar a cualquier precio un Ejecutivo desquiciado conformado por el PSOE y Podemos.

El caso valenciano -junto al conocido en Acuamed- puede dinamitar estos contactos, ya que los de Rivera han hecho bandera de ser un partido limpio y de luchar con todas sus fuerzas contra la corrupción.

En la conversación telefónica, el líder de C's le dijo al jefe del Ejecutivo que se debían llevar a cabo profundas reformas en el país.

Pero los investigados no son secundarios del partido, sino ‘patas negras' del PP valenciano.

En un intento rápido para desmarcarse, el PP valenciano ha pedido a la dirección que abra expediente a todos los detenidos y que les suspendan cautelarmente de su militancia.



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