Política
Portada de '1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular'.

Las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 fueron el episodio más controvertido de la política española antes de la Guerra Civil. En ellas parecía decidirse la suerte de la Segunda República, y, de hecho, así sucedió. A partir de una investigación rigurosa e inédita, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García reconstruyen la historia apasionante de unas elecciones en pie de guerra y desmitifican los relatos maniqueos y guerracivilistas construidos a posteriori.

Cuestiones como por qué se vivieron como un dramático plebiscito entre izquierdas y derechas con un alto grado de violencia y por qué el Gobierno que presidió las elecciones dimitió sin que hubiera terminado el escrutinio, hallan respuesta en estas páginas y conforman el eje de esta obra única .

Ambos autores argumentan que la violencia y el fraude decidieron el reparto de escaños en varias provincias y permitieron al Frente Popular alcanzar una mayoría absoluta que, antes de alcanzar el Poder, no había logrado.

Cronología y contextualización histórica

En 1936, fuera de los extremos políticos, nadie se planteaba que el régimen republicano fuera ilegítimo, porque su implantación fue aceptada desde 1931 por el grueso de las eli tes procedentes de la Monarquía. Nadie tampoco dudaba que el encargo a Manuel Azaña (Presidente del Gobierno - 1931 - 1933 y 1936 - y Presidente de la Segunda República en 1936) de formar gobierno el 19 de febrero de 1396 no estuviera dentro de las atribuciones constitucionales del presidente de la República. En esta República era el Jefe del Estado, y no las elecciones o el Parlamento, el que nombraba o destituía al presidente del Gobierno.

¿Por qué se celebraron las elecciones en ese momento? La elección fue fruto de una decisión personal del presidente de la República, Alcalá-Zamora (1931 - 1936) , al negarse a encomendar el gobierno al líder del partido más importante de las Cortes anteriores, Gil-Robles (CEDA), por no formar parte de la elite política que proclamó la República en 1931.

Las elecciones se realizaron en un contexto de radicalización terrible . Aún se estaba juzgando a quienes participaron activamente en la insurrección de octubre de 1934 y muchos de sus líderes se hallaban en prisión o huidos de España.

Lo que envenenó aquella campaña electoral y convirtió aquellas elecciones en un dramático plebiscito fue, además, que la unión de izquierdas pactara aplicar un a especie de “justicia inversa ”. En virtud de ésta, la amnistía para los revolucionarios de 1934 iría acompañada de la petición de responsabilidades políticas y judiciales a los miembros del Gobiern o de centro-derecha que combatieron la insurrección, así como a los militares y policías que defendieron el orden constitucional.

Precisamente para evitar la victoria de las izquierdas y la puesta en marcha de un programa que centristas, liberales y conservadores consideraban revolucionario, las fuerzas de centro-derecha y derecha articularon, pese a sus diferencias internas, una coalición más integradora que en las elecciones anteriores de 1933.

La alianza de centro-derecha no fue a las elecciones lo suficientemente unida , precisamente por las disputas entre el líder de la CEDA, Gil-Robles, y el jefe del Gobierno, Manuel Portela.

El Presidente, Alcalá-Zamora , continuaba negándose a que Gil-Robles formase gobierno y el líder de la CEDA, a su vez, prometió que promovería desde el Parlamento su destitución como jefe del Estado. Esto impidió reunir en una sola candidatura a todas las fuerzas de centro-derecha. Este factor, junto con el fraude, influyó a la hora de restar escaños al centro-derecha pese a que sus candidaturas obtuvieron más votos que las de izquierdas.

Las votaciones celebradas la jornada electoral (16 de febrero de 1936) fueron bastante limpias. Todo lo limpias que podían ser en la España de entonces, donde siempre había un número marginal, de roturas de urnas, coacciones a electores y agentes de los partidos o choques entre estos últimos. Estos episodios no fueron, con todo, de suficiente importancia para afectar al reparto de escaños. Sólo en dos provincias hubo irregularidades graves que impidieron celebrar las elecciones con normalidad. De ellas no fueron responsables ni izquierdas ni derechas, sino el Gobierno de Manuel Portela.

La razón de este impresionante dispositivo de seguridad, inédito hasta entonces en la historia de España, fue la violenta campaña electoral, donde se registraron, sólo en las cinco semanas que duró, medio centenar de actos de violencia, con un resultado, en víctimas, de 41 muertos y 80 heridos de gravedad , además de graves daños a la propiedad, sedes políticas asaltadas y mítines reventados.

La campaña electoral estuvo llena de discursos agresivos y apocalípticos. Como los que mostramos a continuación: “Estamos, efectivamente, en guerra civil. Mejor dicho: en guerra de la civilidad contra la mentecatez y la brutalidad más o menos católicas y tradicionales que las derechas encarnan a maravilla. Guerra civil y sin tregua”, apuntó el medio.

"Lo que vamos a decidir mañana es si España es un país europeo o asiático, parlamentario o soviético, liberal o esclavizado. Y puesto que a la izquierda no le han quedado afirmaciones republicanas, democráticas y parlamentarias, es inexcusable votar al centro y a la derecha, porque es el voto que nos consentirá una vida individual libre y una vida nacional autónoma."

La oleada de violencia del 16 al 19 de febrero de 1936 explica la llegada al poder de las izquierdas, que no los resultados electorales, pues éstos no eran totalmente conocidos cuando el Presidente de la República, Alcalá-Zamora , encomendó el Gobierno a Azaña.

La decisión del presidente de la República se orientó, exclusivamente, a calmar los desórdenes extendidos ya por todo el país , que se venían precedidos de manifestaciones ilegales no solo en Madrid, sino en otras grandes capitales, desde la misma noche de la jornada laboral. ¿Qué exigían? La apertura de las cárceles, la entrega a las izquierdas de los ayuntamientos y ya, a partir de la tarde del día siguiente (17 de febrero), la destitución del presidente del Gobierno, Portela, y la entrega al poder del Frente Popular .

La nueva administración del Presidente Gobierno, Manuel Azaña, pudo pronto darse cuenta de lo que supuso embarcarse en una coalición electoral y parlamentaria con la extrema izquierda. En cuanto se hizo cargo del Gobierno, se le exigió que abriera de inmediato las cárceles y procediera a aplicar a rajatabla las condiciones firmadas en el pacto del Frente Popular.

Estas exigencias se vieron sostenidas por la continuación de manifestaciones y una oleada de violencia, aún más impresionante que la de los días previos, entre el 19 y el 22 de febrero. Esta violencia, con intensidad variable, ya no remitiría hasta el comienzo de la Guerra Civil.

El escrutinio oficial, que debía hacerse a partir del 20 de febrero, se realizó bajo la mayor oleada de violencia de este periodo, que se intensificó, y no se calmó, con la dimisión de Portela y la subida de Azaña al poder. En un contexto de resultados muy igualados, la coacción de las autoridades provinciales izquierdas en el Poder sobre las Juntas del Censo, encargadas del escrutinio oficial, modificó los resultados en varias provincias y permitieron al Frente Popular alcanzar la mayoría absoluta que, hasta entonces, no había logrado.

Pese a los fraudes, los resultados oficiales confirmaron que, en cuanto a número de votos, las candidaturas de centro-derecha habían superado por un mínimo de 700.000 votos de diferencia a las de izquierdas, y que la CEDA y sus aliados conservadores habían logrado un aumento de apoyos respecto a las anteriores e lecciones de 1933.

Las falsificaciones probadas inclinaron ese resultado equilibrado a favor de las izquierdas, privando de cualquier posibilidad al centro-derecha de ganar las elecciones. Y, desde luego, las falsificaciones, al conceder la mayoría a las izquierdas, restaron ya toda trascendencia a la segunda vuelta que debía disputarse el 1 de marzo en cinco provincias, y que en un principio había parecido decisiva para inclinar el triunfo hacia unos u otros

El fraude no quedó solamente en la falsificación del escrutinio. Presionados por la izquierda socialista y los comunistas, los republicanos aceptaron anular en las Cortes dos docenas de escaños de la oposición conservadora acusándola, sin pruebas, de irregularidades electorales. El Frente Popular decidió que se repitieran las elecciones en Granada y Cuenca el 3 de mayo, en la que serían ya las últimas votaciones antes de la Guerra Civil.

La gestión electoral del Frente Popular, como apuntó el propio presidente de la República (Alcalá-Zamora), carecía de precedentes cercanos en la historia de España. Los más parecidos, que datan de las décadas centrales del siglo XIX, habían provocado que las oposiciones (fueran del signo político que fuesen), se retiraran de las elecciones y del Parlamento, y dieran comienzo a los célebres ciclos de conspiraciones y pronunciamientos.

No fue esta la actitud ni de la CEDA ni de los republicanos de centro-derecha, que no llegaron a abandonar las Cortes o a plantearse una ruptura total de sus relaciones institucionales con sus adversarios hasta mayo de 1936. Pero sí contribuyó a dividir a los españoles entre partidarios y detractores del Frente Popular, amparados unos por las instituciones y excluidos totalmente otros, y destruir cualquier posibilidad de consolidar de la República.