Política
Portada de La Razón del 30 de agosto de 2017 y Mariano Rajoy.
La única deslealtad de la que no se les puede acusar es la de no haberlo anunciado

Tras el atentado del 17-A, la normalidad. Y la normalidad es que el Estado sigue sin dar señales en Cataluña. Ignacio Camcho dice que un día de estos, y su pesar, el Gobierno va a tener que comparecer en Cataluña.

Llevamos asi años, porque el marianismo alarga los tiempos y no le va mal. Pero el tiempo se acorta y los soberanistas cumplen al pie de la letra su plan de independencia a plazos.

"La única deslealtad de la que no se les puede acusar es la de no haberlo anunciado. El recurso al poder judicial está a punto de agotar su viabilidad ante la evidencia también advertida de un abierto desacato. Y en todos los ordenamientos jurídicos del planeta -incluso en el de la fantasmal república catalana- está previsto que en caso de desobediencia a los tribunales entre en acción la facultad coercitiva del Estado".

Así, embuste tras embuste, --dice Bieito Rubido en ABC-- han armado un relato en el que convierten al vecino en un enemigo que nunca existió. Hasta el punto de afirmar que el resto de España vendía las armas que ellos exportan. A semejante impostura sumaron la falsificación de la Historia. Ahora, se cargan el Estado de Derecho y seguiremos escuchando engaños que, más tarde o más temprano, se volverán contra ellos.

NO OLVIDAR EL 9-N

Lo avisa La Razón: Hay que partir del hecho de que los separatistas actúan de manera clandestina y tramposa, ocultando las leyes que van a aprobar, sin ni siquiera dar información a la oposición y sin firmar documento oficial alguno. No hay que olvidar la lección del 9-N, donde se produjo un engaño colectivo al país y una burla a la legalidad: a pesar de estar prohibido, simularon celebrar una mera «jornada de participación» y luego la vendieron como un engaño al Estado. Ante esta tesitura, la única posibilidad para la inhabilitación provisional de los responsables antes del referéndum sólo puede ponerla en marcha el TC, siguiendo la nueva ley, de manera que pueda actuar de oficio.

Ya hay convocado un pleno del Constitucional para los días 5,6 y 7, que coincide precisamente con la fecha en la que el Parlament tiene previsto aprobar la Ley de Transitoriedad. El Alto Tribunal deberá valorar cuántas veces es aceptable, para no afectar a su legitimidad y efectividad, que la Generalitat y el Parlament incumplan reiteradamente sus resoluciones. El TC es una garantía de que se va a cumplir la legalidad, ya que es su obligación «velar por el cumplimento efectivo de sus decisiones y determinar en su resolución quién ha de ejecutarla y las medidas de ejecución necesarias», a la vez que «declarar la nulidad de las resoluciones que contravengan las que ha dictado». Hay que utilizar la Ley con toda su fuerza porque es el gran recurso del Estado de Derecho.