Una ‘cacicada’ en toda regla vista para sentencia en un juzgado de Santiago de Compostela, y que deja bien a las claras cómo se las gasta el partido morado con sus socios llegado el caso: a cuchillo y por la espalda. El juicio es fruto de una demanda interpuesta contra Podemos por el antaño secretario general en Arzúa, Xosé Zapata, quien acusa a la tropa de Iglesias de perpetrar toda una ‘traición’ con trazas delictivas -con alevosía y premeditación- en las elecciones gallegas de 2016.
Este martes 12 de septiembre de 2017, declaraba en tal lugar y por videoconferencia uno de los hombres de confianza del líder podemita, Pablo Fernández Alarcón, -de la Comisión de Garantías Democráticas-, y el partido ha recibido la orden tajante de hacer mutis por el foro, dado que la que se les puede venir encima no es moco de pavo.
Así, y según da cuenta ‘EsDiario‘, por aquel entonces Podemos y En Marea sellaron un acuerdo por el que el partido morado quedó diluido en las candidaturas de su socio electoral. De forma que Podemos suspendió las primarias que había convocado en toda Galicia para elegir a sus candidatos y dejó tirados a 188 aspirantes.
La Comisión de Garantías dio la voz de alerta, pero en vano
La decisión fue incluso cuestionada por la Comisión de Garantías de Podemos Galicia por «incumplir el reglamento», pero en Madrid hicieron oídos sordos a la advertencia.
Así que uno de los afectados, Zapata, decidió llevar el asunto a la Justicia e interpuso una demanda contra Podemos y En Marea con el objetivo de que se declare nulo el acuerdo electoral suscrito entre ambas formaciones porque, según él, es a todas luces contrario a los estatutos morados.
En su declaración, Fernández aseguró que el pacto entre Podemos y En Marea fue político, y que los órganos disciplinarios internos no están para cuestionar decisiones políticas.
