La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho un llamamiento a «todo el catalanismo político» para que se una «sin fisuras» contra el «autoritarismo» del Gobierno de Mariano Rajoy y ha exigido la libertad de los encarcelados, una amnistía y frenar la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
«Es un día negro para la democracia. Estamos ante un despropósito jurídico y ante un grave error político que nos aboca al autoritarismo.” pic.twitter.com/Rr9O6Hbdm7
— Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) 2 de noviembre de 2017
En una declaración institucional, la alcaldesa ha tildado el encarcelamiento del exvicepresidente y ocho exconsejeros cesados de la Generalitat de «despropósito jurídico, una medida sin precedentes en la historia reciente de las democracias europeas y un gravísimo error político que nos aleja de la solución y nos arroja a la pendiente resbaladiza del autoritarismo».
«Es un día negro para la democracia y para Cataluña», ha reiterado Colau, que ha recordado que el Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido que, aunque el gobierno catalán esté cesado por la aplicación del 155, «todos ellos forman el gobierno catalán legítimamente escogido en las urnas».
«Jamás deberíamos haber llegado hasta aquí», ha dicho la alcaldesa, que considera que el encarcelamiento del exvicepresidente y los exconsellers «es una decisión que sólo se explica por deseo de venganza y de tener como objetivo humillar a las instituciones catalanas y a sus legítimos representantes».
Para Colau, se trata «no solo del peor ataque al autogobierno catalán en democracia, sino de un ataque contra los mismos fundamentos democráticos del Estado español».
«Aquellos que dicen defender la Constitución son los que hoy más la debilitan socavando la separación de poderes», ha añadido Colau.
«Como alcaldesa de la capital de Cataluña, consciente de la gravedad del momento que estamos viviendo, rechazo el encarcelamiento y reafirmo mi compromiso de defensa de las instituciones catalanas y sus legítimos representantes».
La alcaldesa ha pedido a Mariano Rajoy que «dé los pasos necesarios para frenar esta espiral represiva» y ha instado «la inmediata libertad» del exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers cesados y de los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
«La relación entre España y Cataluña se tiene que resolver con las urnas y no con la prisión», ha postulado Colau, que ha denunciado «la deriva autoritaria del Estado».
También ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, las entidades y los municipios para «estar juntos, a la altura del momento, y hacer un frente común para defender la cohesión social, el autogobierno y oponernos al autoritarismo de Rajoy y a la instrumentalización de la justicia».
La alcaldesa, que ha enviado «un abrazo espacial y sincero a todos los familiares de las personas que han entrado injustamente en prisión», ha hecho una mención especial al exconseller de Interior, Joaquim Forn, «por su relación con la ciudad», ya que fue primer teniente de alcalde en el mandato anterior y hasta hace poco portavoz grupo municipal del PDeCAT.
Colau reconoce al Govern cesado como el único legítimo
Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido este jueves al Govern y al Parlament surgidos de las urnas del 27 de septiembre de 2015 como el único legítimo de Cataluña, pero ha rechazado una propuesta de la CUP para reconocer la proclamación de la república catalana.
Ha aprobado una propuesta de ERC para apoyar la legitimidad del Govern, rechazar la aplicación del artículo 155 y «la respuesta autoritaria y amenazadora del Estado», algo que han votado a favor ERC, BComú -el partido de la alcaldesa Ada Colau-, el grupo Demòcrata, la CUP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), mientras que PSC, Cs y PP han votado en contra.
BComú ha votado en contra del reconocimiento de la proclamación de la república catalana que había propuesto la CUP, por lo que ha quedado rechazada su propuesta, que también abogaba por que el Ayuntamiento pusiera todas sus herramientas para impedir la intervención de las instituciones catalanas y «hacer efectiva la república».
