Política
Carmen Forcadell, ante el Tribunal Supremo. TS

Están todos fatal de los nervios, y no quieren acabar como el mártir sin causa de Oriol Junqueras. El puesto de presidente del Parlament, remunerado con más de 130.000 euros, -el mejor pagado de los presidentes de los parlamentos regionales-, no les compensa. (Forcadell renuncia a la presidencia del Parlament aunque no a su escaño).

Tras las espantadas de Carme Forcadell y Carles Mundó, Esquerra poco puede hacer para evitar que el exsocialista Ernest Maragall se encamine a convertirse, el próximo día 17, en el próximo presidente del Parlament. Carles Puigdemont ha fracasado en su intento de que Carmen Forcadell repitiera en el cargo y Junqueras también ha naufragado a la hora de situar a uno de sus más próximos, Carles Mundó, en el cargo.

Según el Portal de Transparencia del Parlament, Forcadell ha percibido un sueldo de 7.794,77 euros brutos, a los que se suman otros 1.565,19 euros por los gastos de representación, es decir, un total de 9.359 euros al mes. Por 14 pagas.

Y es que lo cierto es que los procesos judiciales en los que Forcadell está inmersa -imputada por rebelión, sedición y malversación- y el férreo marcaje legal al que la sometieron los letrados de la Cámara, Antoni Bayona y Xavier Muro, denunciando sus ilegalidades, han metido el miedo en el cuerpo a los dirigentes de Esquerra.

Según fuentes consultadas por 'ESdiario', los de Junqueras aún han hecho en las últimas horas un nuevo intento con otro de los más cercanos a Oriol Junqueras, Roger Torrent, portavoz adjunto durante la legislatura frustrada tras el 155. Valor al alza en Esquerra, también ha dado calabazas a Rovira y se postula ya como el nuevo portavoz de su grupo parlamentario.

Precisamente para sortear futuros problemas judiciales, el elegido es Ernest Maragall, un miembro pata negra del PSC, que abandonó el partido que lideró su hermano Pasqual y que es un advenedizo en la formación de Junqueras. Su elección, según algunos medios catalanes, se debe a su edad. Tiene 75 años que le blindarían de un posible ingreso en prisión si comete un delito en la Presidencia.