«Chaves, el presidente de la Junta durante 19 años que «no sabía» nada de los ERE». Acertado titular de ABC este 17 de abril de 2018 para describir el «»No lo conocía. No lo recuerdo. No correspondía a mi ámbito de decisión política».
La declaración de quien fuera presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, Manuel Chaves González, en el juicio de la pieza política del caso ERE, ha sido una sucesión de oraciones negativas.
? Un militante del PSOE da una reprimenda antológica a Chaves y a la gestión de los sociatas en Andalucía durante 30 años. Verdades como puños: pic.twitter.com/5QQfV8YPfs
— Carrillator™ (@ooCarrillo) 16 de abril de 2018
«El hombre que ejerció un poder incontestable en Andalucía durante 19 años y controlaba todos los ámbitos de su vida pública desde el enorme aparato administrativo de la Junta, la mayor empresa de la Comunidad, se defendió ayer de la acusación de prevaricación que le atribuyen escudándose en que «no sabía» nada de las ayudas que lo han llevado al banquillo. Junto a él se sientan su exconsejero de Hacienda José Antonio Griñán, que lo relevó en la Presidencia autonómica, y 20 ex altos cargos de sus respectivos gobiernos», dice el diario de Vocento.
Juicio de los ERE. Chaves, como Griñán, declara que desconocía que hubiera fraude pic.twitter.com/45ZfMIrUsj
— Jesús Cintora (@JesusCintora) 16 de abril de 2018
Manolo Marín hace en ese mismo periódico un análisis descarnado de la corrupción socialista en Andalucía.
La eterna imagen del señorito andaluz autoritario y despectivo al frente del cortijo siempre fue sintomática de clasismo, superioridad moral y delirios de grandeza. Ni en democracia esa estampa ha dejado de ser el icono de décadas de un absolutismo campestre y pureza rural ensillado a caballo de señoríos impostados. La malhadada imagen del cortijo nunca ha desparecido del ideario colectivo.
Simplemente, ha evolucionado hasta convertir a Andalucía en una Administración ciega, sorda y muda basada en la creación de una red clientelar alimentada a base de prebendas a cambio de votos. José Antonio Griñán no tuvo más remedio que admitirlo días atrás: hubo fraude y el desvío de 855 millones de euros en diez años fue «una barbaridad». Eso sí, ahora que busquen y condenen al culpable porque nadie parecía tener la responsabilidad ejecutiva sobre el destino real de aquellos fondos. Pero si hubo un fraude reconocido, y el cálculo realizado se aproxima objetivamente a esos 855 millones, media sentencia está ya redactada.
