O paro o muerte. Por duro que suene es la triste realidad, y el Gobierno de Pedro Sánchez se ha decantado por lo segundo por mucho que maquille el asunto de la venta de las 400 bombas con láser que nunca fallan su objetivo.
La adquisición desde Riad de seis corvetas fabricadas en Cádiz por Navantia, primera sobre cualquier otra disquisición. (El Gobierno Sánchez dice que las bombas vendidas a Arabia Saudí «no se van a equivocar matando yemeníes»).
La demostrada verdad que pone sobre la mesa la doble vara de medir de los ‘okupas’ de la Moncloa, es que por mucho que se empeñe su maquinaria de propaganda –Josep Borrell dice que «no producen efectos colaterales»– los explosivos en cuestión se utilizaban en la guerra de Irak y en la operación ‘Libertad Duradera’ en Afganistán.(El Gobierno Sánchez se la envaina una vez más y enviará a Arabia Saudí las 400 bombas ‘letales’).
Son máquinas letales, con una peculiaridad: se desarrollaron a principios del siglo XXI, aunque sus antecedentes están en los años 60, para la guerra total americana contra el terrorismo, en las campañas de Irak y la operación ‘Libertad duradera’ en Afganistán, ambas comandadas por los Bush e instigadoras del «No a la guerra» que ahora Sánchez olvida.
Según da cuenta ‘EsDiario‘, los explosivos en cuestión pertenecen al modelo Paveway. Han sido fabricadas por la empresa Raytheon en Estados Unidos. El Ejército del Aire posee tres generaciones de bombas Paveway. La primera data de los años 60 y tenía una fiabilidad del 75% y la tercera, que tiene mayor precisión, permite incluso el seguimiento de objetivos móviles.
ONG’s como Amnistía Internacional, Oxfam Intermón o Greenpeace han mostrado su «preocupación» por la decisión final de Defensa:
«Nos negamos a ser cómplices de crímenes de guerra. Solo el cortoplacismo y los intereses de aquellos que nos quieren obligar a elegir entre paro y muerte pueden sentirse satisfechos (…), debe primar el cumplimiento de la ley y el respeto al derecho internacional frente a cualquier otro argumento».
La resolución 2216 de la ONU, apoyada por España y publicada el mismo año en el que se firmó el contrato de venta de armas a Arabia Saudí, instaba a los países miembros a «adoptar de inmediato las medidas necesarias para impedir que, de forma directa o indirecta, se suministren, vendan o transfieran» armas a Yemen.
Un año después, en 2016, el Parlamento Europeo señaló a la coalición liderada por Arabia Saudí como responsable de «ataques indiscriminados (en Yemen) contra la población civil, personal médico y trabajadores humanitarios» y mandó un mensaje a los países de la Unión Europea para que dejaran de suministrar armas al país saudí por las «graves acusaciones de incumplimiento de Derecho internacional comunitario de este país en Yemen».
¿Es España cómplice de las atrocidades de Arabia Saudita en Yemen como afirman algunos medios?
