"Cuando nos necesitaron para salvar su propiedad de las agresiones del abandono y de las obras del nuevo hospital, vinieron a buscarnos las cinco señoras. Ahora nos tratan como perros"
El responsable del Instituto Contra la Exclusión Social de Can Gazà, Jaume Santandreu, ha anunciado que se encadenará a partir del jueves al portal de sa Casa Llarga, en protesta tras haber recibido una comunicación de desalojo de la propiedad.
En defensa de «la autogestión y la autofinanciación de los marginados», y como firmante del compromiso adquirido con las propietarias de la finca, Santandreu se encadenará con grilletes a las puertas de sa Casa Llarga «hasta recibir una respuesta justa y digna» y declarará la propiedad «territorio okupado», según ha informado la entidad que acoge a excluidos sociales.
POR BUROFAX
La entidad ha recibido por burofax un comunicado de desalojo de la residencia enviado por sus propietarias, ante el cual han señalado en una nota que consideran que «la patada puede ser legal, pero de ninguna manera es justa».
Los responsables de Can Gazà y sa Casa Llarga aseguran en una nota que han dedicado financiación y esfuerzos a lo largo de los últimos años al mantenimiento de la propiedad y que de lo contrario «ahora sería un campo de escombros, suciedad y ratas».
SUBVENCIÓN ESTATAL
Han detallado que obtuvieron una subvención estatal que destinaron a financiar las obras de infraestructuras en sa Casa Llarga y que ahora se sienten utilizados:
«Cuando nos necesitaron para salvar su propiedad de las agresiones del abandono y de las obras del nuevo hospital, vinieron a buscarnos las cinco señoras. Ahora nos tratan como perros».
Han manifestado su tristeza ante el desalojo de la finca que acoge el huerto y los talleres para los residentes y que ha sido «ilusión y orgullo» de los inquilinos y cooperantes, donde la entidad preveía poder alojar además a enfermos mentales.
«Sa Casa Llarga es el pan de Can Gazà, un campo de trabajo para recobrar la dignidad».
