"Confieso que hubo un cohecho y siento mucho este hecho. Estoy muy arrepentida"
La expresidenta del Parlament balear y de UM, Maria Antònia Munar, ya lo había declarado por escrito poco antes de que comenzara este lunes 3 de octubre de 2016 el juicio en el que se ve inmersa por el conocido Caso Can Domenge: tanto ella como dos exaltos cargos de la extinta UM recibieron 4 millones de euros por parte de la promotora Sacresa, a cambio de ser adjudicados a esta empresa los citados terrenos palmesanos. (Maria Antònia Munar se pasea por la cárcel con bolso y tacones rodeada de yonquis).
Y así lo ha vuelto a reconocer entre lágrimas en la vista, a preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau:
«Confieso que hubo un cohecho y siento mucho este hecho. Estoy muy arrepentida. Pido perdón por todo lo que ha pasado».
La acusada, para quien la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel y una multa de siete millones de euros, ha asegurado sentirse incapacitada para responder a las preguntas del fiscal: «Han pasado diez años y estoy en tratamiento psicológico», ha apuntado.
Así, al ser interpelada sobre qué cantidad percibió de los cuatro millones de euros, ha respondido: «La verdad, no sé cuánto cobré yo».
El representante del Ministerio Público le ha preguntado de qué bienes dispone, a lo que la inculpada ha asegurado no tener «absolutamente nada» como tampoco ninguna cuenta «ni en Andorra ni en ningún otro sitio».
«Todos los bienes, incluso mi domicilio conyugal y mi herencia, todo está embargado. Después de toda una vida intentando creer en la igualdad, no tengo libertad y estoy muerta política, económica y socialmente»,
ha remarcado.
No obstante, ha apuntado que ha intentado paliar el perjuicio causado con estos hechos mediante el pago de 150.000 euros y ha recordado que hace un año «decidí cooperar con la justicia. Pensé que podía llegar a un acuerdo global» por todas las causas en las que ha sido investigada.
La expresidenta de la extinta UM -la formación se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas- solicitaba inicialmente su libre absolución al negar hasta ahora haber cobrado soborno alguno como condición para adjudicar los terrenos, un supuesto pago del que aseguraba que fue «completamente ajena».
La Fiscalía también se dirige contra el exvicepresidente insular Miquel Nadal -para quien reclama un año y diez meses de cárcel y una multa de tres millones de euros-; el exconseller de Territorio Bartolomé Vicens -un año y medio de prisión y una multa de dos millones-; el supuesto intermediario que entregó la dádiva, Miquel Llinàs -pago de 8.100 euros en multas-, y el propietario de Sacresa, Román Sanahúja -63.750 euros en multas-.
Del mismo modo, Carrau reclama que se proceda al comiso de los 3,8 millones de euros que Munar, Nadal y Vicens habrían obtenido con su conducta delictiva -los otros 160.000 euros ya fueron devueltos por Vicens y 35.000 por Llinàs-.
