¿Se puede decir democrático un país en el que varias denuncias, detalladas con los nombres de los amenazantes y constatadas por diferentes testigos, no provocan la reacción de las autoridades?
(Luis Miguel Modino, corresponsal de RD en Brasil).- La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), organismo dependiente de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), ha hecho pública, este 3 de agosto, la lista de los asesinatos como consecuencia de los conflictos en el campo en todo Brasil a lo largo de los siete primeros meses de este año.
En la lista aparecen 23 asesinatos, 3 más que en el mismo periodo de 2014, todos menos uno en la región amazónica, convertida en los últimos años en objeto de deseo de los grandes terratenientes y de los megaproyectos de embalses y minerales impulsados por el gobierno brasileño.
La mayoría de los asesinados son campesinos sin tierra y las sospechas, sin llegar a confirmarse por la falta de interés en la apuración de los hechos, apuntan que, en muchos casos, están envueltos policías y grupos de pistoleros organizados, pagados por los grandes propietarios de tierra, que no se intimidan en el uso de métodos propios de las «películas del oeste».
La coyuntura política brasileña, dominada en buena parte por los representantes de los grandes terratenientes, hace posible que este tipo de crímenes queden impunes la mayoría de las veces, por lo que se puede afirmar que, en muchos lugares de Brasil, matar a los pobres resulta barato, y serlo o defenderlos, por el contrario, arriesgado.
A pesar de que la situación es conocida por las autoridades, todo indica que esta lista va a continuar aumentando. La propia Comisión Pastoral de la Tierra denuncia la situación de uno de sus agentes, Cosme Capistano da Silva, en la ciudad de Boca do Acre, estado de Amazonas. Amenazado de muerte desde 2009 por terratenientes de la región, su situación se ha visto agravada en los últimos meses, en los que las intimidaciones se han llevado a cabo a plena luz del día y en la frente de diversos testigos.
Boca do Acre es actualmente uno de los municipios brasileños donde, en mayor media, tierras públicas son invadidas y tomadas a la fuerza por terratenientes para criar ganado y la explotación ilegal de madera.
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