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América
México se prepara para las elecciones presidenciales
México se encuentra enfrascado en la lucha por la sucesión presidencial a darse en la elección del 1 de julio entre tres candidatos postulados por coaliciones políticas y otros tres independientes

(Guillermo Gazanini, México).- México se encuentra enfrascado en la lucha por la sucesión presidencial a darse en la elección del 1 de julio entre tres candidatos postulados por coaliciones políticas y otros tres independientes quienes pudieron, después de todas las trabas legales, conseguir apoyos suficientes para que su nombre aparezca en las boletas electorales que serían entregadas a más de 88 millones de mexicanos en capacidad para ejercer el sufragio que votará, además del candidato a la presidencia del República, otros 3.326 puestos de representación popular, entre ellos la totalidad de las curules y escaños del Congreso de la Unión y nueve gubernaturas.

En medio de las graves tensiones y guerra sucia entre candidatos, el período de intercampañas fue propicio para que la Conferencia del Episcopado Mexicano publicara una especie de vademécum electoral para orientar a los ministros de culto en cuanto a sus obligaciones y derechos en el ejercicio del voto, su responsabilidad en orientar a los fieles y el conocimiento de las prohibiciones que en la ley se encuentran debido a su condición jurídica al ser líderes de comunidades, iglesias o asociaciones religiosas.

Los llamados "Lineamientos para la prevención de sanciones administrativas y/o penales para ministros de culto en materia electoral", aprobados en la CIV Asamblea de la CEM en noviembre de 2017 y publicados en el sitio de la Conferencia del Episcopado Mexicano resuelven, en tres someras partes, los alcances, disposiciones legales concernientes a los delitos electorales e infracciones administrativas, autoridades competentes y las recomendaciones pastorales y conductas a evitar en tiempo electoral.

 

 

De esta forma, la tercera parte pretende, en categóricas sentencias, advertir a los clérigos sobre las conductas permitidas en el trabajo pastoral y de los riesgos ante la comisión de acciones constitutivas de delito o meritorias de una sanción de carácter administrativo electoral. Tales conductas tienden a la promoción directa de candidatos, los actos de proselitismo político y el uso de templos y lugares de culto para campañas o reuniones de carácter partidista al igual que opiniones que pretendan inducir al voto directamente o impedir que el electorado emita el sufragio para determinado candidato.

Los lineamientos reconocen que el equilibrio entre la acción pastoral para orientar a los fieles y el respeto a los alcances de la Ley requiere de un ejercicio de prudencia no sencillo señalando que los derechos de expresión y de libertad religiosa de los ministros de culto son respetados, pero no son absolutos, contienen limitaciones referidas en la Constitución, las leyes secundarias electorales y sustantivas de índole penal.

México ha pasado por una serie de reformas político-electorales que no dejaron de lado la actuación de los ministros de culto. La última de ellas, la de 2014 que generó la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, enfatizó la prohibición de actos de proselitismo político por asociaciones religiosas y ministros de culto y el financiamiento a candidatos a través de donativos o cualquier operación en dinero o especie que pudieran realizar las iglesias; además, las leyes correspondientes en materia de culto público y asociaciones religiosas reglamentarias de los artículos 24 y 130 de la Constitución, dan atribuciones a la Secretaría de Gobernación para la investigación y sanción administrativa en materia política por una autoridad que no tiene capacidad de intervención en procesos electorales supuestamente.

No es la primera vez que los obispos de México emiten criterios u orientaciones en los distintos procesos en un país que parece estar en elecciones de forma permanente. Quizá ahora el acercamiento entre autoridades electorales e Iglesia tiene de manifiesto un signo de cooperación más cercana antes que volver a caer en situaciones motivo de sanción o, en el fondo, de atemperar la acción pastoral de los ministros que, ante temas de moral y de fe, pretenden una orientación adecuada que, para los actores políticos involucrados, rebasan la "naturaleza del estado laico". Tal es el caso del obispo de Aguascalientes, Mons. José María de la Torre Martín, exonerado en enero de las imputaciones en su contra por una Carta pastoral publicada durante el proceso electoral 2015-2016 en el Estado de Aguascalientes orientando a los fieles a votar por candidatos que respetaran la vida y los principios religiosos de los cristianos y de la Iglesia.

 

 

El 4 de octubre del año pasado, el entonces fiscal especializado para la Atención de los Delitos Electorales, el destituido Santiago Nieto Castillo y el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Mons. Alfonso G. Miranda Guardiola, se dieron un apretón de manos después de la firma de un convenio en el que se consignó el diseño de un Programa de Trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de delitos electorales y fomento a la participación ciudadana.

El documento compuso una serie de cláusulas entre las partes. Entre los compromisos adquiridos por la CEM están los de capacitar a ministros de culto religioso en la prevención de delitos electorales y su comisión. Los canales y métodos que quieren fortalecer la vida democrática y de participación son variados según el convenio destacando que, entre los firmantes, hay la convicción para desarrollar y realizar mecanismos que impidan los delitos electorales subrayando, además, la confidencialidad de la información que se genere e intercambie entre los firmantes.

Si bien este convenio podría tener rasgos inéditos, no es extraño tampoco el acercamiento de las autoridades electorales a la cúpula eclesiástica. En abril de 2015, en la 99 Asamblea de la CEM, el Consejero presidente de la autoridad electoral dialogó con el Consejo Permanente de los Obispos para enfatizar la importancia del voto y prevenir de los riesgos de la democracia en relación al boicot electoral por el hartazgo social frente a los particos políticos.

En esa ocasión, el presidente del INE apeló a la "pedagogía" de los prelados para influir positivamente en los comicios. Esa reunión pareció dar pauta a los obispos y hoy, en una situación más compleja por la tremenda guerra sucia, las confusiones electorales y el desánimo ciudadano, la CEM pretende dejar en claro lo que se debe y no se puede. Ser críticos puede costar caro.

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