Sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impasse
(BBC Mundo).- El Diálogo Nacional entre el gobierno de Nicaragua y estudiantes, sector privado y sociedad civil que se inició hace una semana fue suspendido indefinidamente este miércoles.
El líder de la Iglesia católica nicaragüense, cardenal Brenes, que ha actuado como mediadora de este diálogo, explicó que la falta de acuerdo sobre una agenda de temas a discutir impide que las negociaciones continúen.
Así fue el duro comienzo de la mesa de diálogo del presidente Ortega con estudiantes y líderes de oposición de Nicaragua «Lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender, por ahora, esta mesa plenaria del diálogo nacional», explicó el arzobispo Leopoldo Brenes ante los medios en Managua.
«Sugerimos la conformación de una comisión mixta de seis personas, tres por cada parte, con el objetivo de que logren un consenso para superar este impasse», añadió.
La crisis política y social de Nicaragua inició hace más de un mes después de que el gobierno de Daniel Ortega aprobó una reforma al sistema del seguro social del país centroamericano.
Aunque la medida fue derogada, las manifestaciones en contra de su gobierno se extendieron por el país desde finales de abril, dejando al menos 76 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El arzobispo Brenes planteó este miércoles que tres representantes del gobierno y tres de los opositores discutan un plan de acción para restaurar la mesa del Diálogo Nacional.
El canciller Denis Moncada, quien funge como representante del gobierno, expresó su desacuerdo con la temática planteada por los sectores estudiantiles, empresariales y civiles que se manifiestan en contra del presidente Ortega.
«Es una agenda que al verla en su forma concentrada nos lleva a un solo punto: el diseño de una ruta para un golpe de Estado. La ruta para cambiar el gobierno de Nicaragua al margen de la Constitución», expresó en la mesa de negociaciones.
Además de rechazar la agenda, exigió el fin de los tranques (bloqueos ) en las carreteras efectuados por opositores, así como el cese de la violencia «venga de donde venga», dijo.
Por su parte, un representante de los estudiantes acusó al gobierno de Ortega de mantener los ataques contra los manifestantes, algo que la CIDH había recomendado evitar en su informe.
«El gobierno se comprometió a seguir las recomendaciones que la CIDH le había hecho, y no lo hicieron. Es la segunda vez que incumplen los acuerdos que nos muestran que no son más que monigotes», señaló el líder estudiantil.
El representante de la sociedad civil, Carlos Tünnermann, también rechazó la postura del gobierno de Ortega: «Es lamentable la actitud que ha tomado la delegación del gobierno», dijo.
La suspensión del Diálogo Nacional aumenta sensiblemente la posibilidad de un nuevo estallido de violencia en Nicaragua.
Aunque hasta el momento el mecanismo no había generado grandes resultados -más allá de la declaratoria de una «tregua» que no sobrevivió el pasado fin de semana, y de una declaración «haciendo suyas» las recomendaciones del explosivo informe preliminar de la CIDH-, el mismo ofrecía una plataforma con la que tratar de encontrar una salida pacífica a la crisis.
Pero el gobierno y la oposición conformada por estudiantes, representantes del movimiento campesino, sociedad civil y el sector privado, no lograron ponerse de acuerdo sobre la ruta hacia esa posible salida. Y, en el corto plazo, eso prácticamente deja a las calles como el único escenario en el que continuar la pulseada.
No en balde el principal punto de contención de este miércoles fue que mientras el gobierno pedía empezar poniendo fin a los bloqueos de carreteras, la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia insistía en que primero había que acordar reformas democráticas que fueron denunciadas por los representantes gubernamentales como un intento de golpe de Estado «suave».
Y tanto ese lenguaje, como las advertencias gubernamentales de que la población no toleraría esos bloqueos por mucho más tiempo, están siendo interpretadas por algunos en el país como un preludio a la búsqueda de una solución por la fuerza.
